La militarización del estado de Guerrero: construcción de la consciencia a través de la memoria

Jesús Antonio Gallegos Adame
Imagen: José Luis Morales Noticias, Twitter.

Desde inicios de 1970, y de forma continua estas dos décadas del presente siglo XXI, el estado de Guerrero ha sido un espacio inmerso en una sangrienta atmósfera de militarización. Esta violencia se manifiesta de forma diaria en desapariciones forzadas, asesinatos, desplazamientos por conflictos, etc., y, a su vez, es la expresión de una estructura de organización y producción económica que aprovecha estas condiciones de vulnerabilidad para producir y reproducirse: el capitalismo.

Las causas de esta condición de violencia generalizada son variadas, pero apuntan a las mismas dinámicas de acumulación y explotación colonial-capitalista. Las principales son, las constantes disputas entre grupos de crimen organizado; los nexos entre autoridades locales-federales con los líderes de dichas organizaciones (lo que conduce al nepotismo y a la impunidad); y finalmente las estrategias de despliegue militar por parte del Estado-nación moderno mexicano como supuesta “respuesta” a “inseguridad”, pero que en realidad han sido utilizadas como medios históricos de represión a movimientos estudiantiles, sindicales y agrarios, o para asegurar objetivos “estratégicos”, en términos de neo extractivismo, por ejemplo.

Así, un evento reciente que permite problematizar la gravedad de la situación, es la masacre ocurrida el pasado 5 de octubre en San Miguel Totolapan, en la región de la Tierra Caliente, donde un convoy armado del cartel de La Familia Michoacana asesinó a 22 trabajadores en el ayuntamiento municipal, incluido el ex presidente, Conrado Mendoza Almeda. Aunque la investigación está en proceso, es posible pronosticar alguna clase de conflicto político, o un “ajuste de cuentas”. Sin embargo, detrás de ello se encuentran algunas razones estructurales, como la presencia del narco en la región para conseguir mano de obra barata.

Ante este suceso, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien desde su campaña electoral aseguró que se revertiría el militarismo del país impuesto por sus predecesores, incoherentemente ha ordenado el despliegue de más de 1,750 efectivos militares de la Guardia Nacional en la región, así como la instalación un cuartel de esta misma en la comunidad de San Miguel. Esto evidencia la continuidad de la norteamericanización de la seguridad en América Latina, y conduce a comparar las nuevas y viejas estrategias del Estado Mexicano con base en la historia reciente del pueblo guerrerense.

Al respecto de la Guardia Nacional y el papel que juega en la estrategia del presidente, cabe aclarar, primero, que su incorporación a la Secretaría de Defensa Nacional no es el “inicio de la militarización” del país, sino más bien un momento fundamental en el proceso de su institucionalización. En segundo lugar, es preocupante notar cómo su despliegue en el territorio nacional es cada vez mayor -de 70,000 efectivos en 2019 a cerca de 120,00 en 2022- (Arista, L, 2022) en comunidades ya de por sí azotadas por la violencia armada del narcotráfico, como ocurre ahora mismo en San Miguel, donde tanquetas blindadas circulan por las calles de la comunidad.

Basta con recordar la vigencia del caso Ayotzinapa y la deuda histórica que recae en el Estado mexicano tras la desaparición de los 43 compañeros normalistas a manos del ejército. A pesar de la presentación de nueva evidencia en los informes realizados por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ), no ha habido resoluciones en cuanto a judicialización ni a aprehensión de los perpetradores de este crimen de Estado. Además, es importante mencionar que desde entonces y hasta el día de hoy, grupos como la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) han sido constantemente reprimidos por fuerzas estatales, incluida ahora la Guardia Nacional.

A su vez, resulta importante en términos de búsqueda de recuperación de la memoria histórica, revisar la llamada Guerra Sucia en las décadas de 1960 y 1970, en las que la Sierra de Guerrero se convirtió en el campo de prueba del ejército mexicano. Durante ella, las instituciones militares fueron utilizadas como herramientas criminales para reprimir los movimientos campesinos, magisteriales y estudiantiles, al cometer crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en contra de auténticos movimientos revolucionarios de tinte socialista-indigenista, como el que encabezaron los profesores Genaro Vázquez y Lucio Cabañas Barrientos.

Tras ese recorrido histórico, se vuelve evidente que todas estas acciones del Estado mexicano reafirman su papel como garante del orden social dominante a través de sus estructuras de control colectivo (Rodriguez Rejas, 2017) -las fuerzas armadas, en este caso-, y demuestran que tienen como verdadero objetivo el mantenimiento del status quo en materia de seguridad pública, en el marco de una crisis de legitimidad del Estado neoliberal. Cabe preguntarse, en ese sentido, ¿en qué medida puede el ejército, que tiene las manos manchadas de sangre, garantizar un ambiente de tranquilidad? Es, a este punto, una propuesta absurda.

Desde las Relaciones Internacionales, esto responde a la tendencia global del capitalismo histórico por asegurar su prevalencia a través de una geopolítica del miedo, utilizando la violencia como herramienta característica de la modernidad (González Luna, 2020). Si tomamos en cuenta que la milicia está siendo utilizada para asegurar territorios estratégicos, reprimir movimientos sociales y para asegurar los sistemas de producción económica, podemos entonces hablar de la prevalencia de la “seguridad” en una lógica del capitalismo histórico.

En ese sentido, como pueblo consciente, debemos observar con lente crítico el avance de la militarización del país y la evolución de la violencia generada por ésta en el estado de Guerrero, así como continuar exigiendo justicia por la enorme lista de abusos por parte del ejército a lo largo de la historia (Tlatelolco, Acteal, El Halconazo, Aguas Blancas, etc.). Por ello, a través de la movilización, la protesta y la reapropiación especial es que habrá cabida para propuestas de resistencia y autogestión que conduzcan a alternativas diferentes al militarismo institucional.

Como reflexión final, es importante destacar la importancia que tiene la toma de consciencia colectiva y de clase ante el panorama actual, para así consolidar una memoria histórica que dignifique las luchas gestadas en Guerrero. Al mismo tiempo, es nuestra responsabilidad identificar que la lucha es también contra el capitalismo como sistema de producción material y simbólica. Esto conducirá a acercarnos cada vez más a soluciones estructurales (en México y toda Nuestra América) para hacer frente a la crisis actual, a través de la idea de construir un auténtico gobierno del pueblo para el pueblo, o sea, la construcción del socialismo.

Fuentes

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