El papel de la Guardia Nacional durante las caravanas de 2018-2019: la militarización como una amenaza para las migraciones

Ana Paola Neveu Mendoza

La Guardia Nacional surge como parte del Proyecto de Nación 2018-2024 del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien destacó la violencia que había afectado al país los dos sexenios anteriores a través del capítulo “Sociedad segura y Estado de derecho” del Proyecto donde hace hincapié sobre la creación de la Guardia Nacional (GN) para “pacificar al país”. Su propuesta tuvo como objetivo “unificar las acciones de seguridad y combate a las organizaciones criminales con la creación de una sola fuerza militar bajo el mando único y la dirección del presidente” (Ortega y Morales, 2021), esto, como parte también de su propuesta en su plataforma electoral.

A finales de 2018, se retomó el discurso y la propuesta de la GN en la que se enfatizó que ésta tendría funciones policiacas para sustituir a las fuerzas militares. La Guardia ahora se encargaría de la seguridad de la población civil en contra de los criminales y estaría autorizada para atacar con fuerza letal a sus enemigos.

Para mediados de 2019, los Gobiernos de México y Estados Unidos acordaron reducir la migración en 45 días para evitar las amenazas del entonces presidente Donald Trump sobre la imposición de aranceles, y el presidente de México respondió con el despliegue de la GN en el norte y sur de las fronteras del país[1]. Lo anterior dio comienzo a una militarización de las fronteras como una forma de contención de migrantes y, por supuesto, a una violación de derechos humanos en las que también se vieron involucrados distintos albergues para migrantes y organizaciones humanitarias, quienes denunciaron múltiples violaciones, casos de tortura, desapariciones forzadas, trata, asesinatos, etc. Asimismo, expresaron su preocupación por las funciones migratorias que tenía la GN y su posible retiro; ante esto, Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores afirmó que no se iba a retirar a la GN debido a que se esperaba que ésta pudiera proceder bajo los estándares de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un convenio con la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas[2].

La Ley de la Guardia Nacional establece que una de las funciones de la GN es “apoyar el aseguramiento” que realiza el Instituto Nacional de Migración (INM), así como “resguardar las estaciones migratorias y a los extranjeros en ellas”[3]. La realidad es que las personas migrantes son detenidas y no “aseguradas”, están privadas de su libertad en las mal llamadas estaciones -cárceles- migratorias y no “resguardadas”.

Así comenzó la primera labor de la Guardia Nacional en México: contener las caravanas migrantes conformadas por centroamericanos, caribeños y africanos a mitades de 2019. Éstas ya tenían como antecedente las caravanas de 2018 donde las personas migrantes se unieron a quienes ya se encontraban en territorio mexicano y todos iban con la misma convicción de llegar a suelo estadounidense.

Con 21,000 soldados,[4] se lograron contener las caravanas que partieron de Tapachula, Chiapas con dirección a la Ciudad de México y a Estados Unidos como destino final. Los elementos de la GN rodearon al contingente migrante que los orilló a correr hacia la maleza y otros se entregaron y fueron retornados a la ciudad de Tapachula en autobuses, reduciendo así casi un 60% del flujo migratorio a lo largo del año 2019[5].

Y hablemos de migración…

La migración siempre se ha visto como una amenaza o como un problema el cual debe ser atacado, controlado de inmediato y con ello, las políticas migratorias se han fundamentado de discursos xenófobos y racistas que se han encargado de profundizarlo en los procesos migratorios. Todo esto fue lo que evidenciaron las caravanas, algo que además de ser securitizado, debe ser militarizado para desarticularlo; la realidad es que no importó la seguridad humana, la prioridad siempre ha sido el interés nacional. Esto fue lo que demostró el despliegue de la Guardia Nacional, que a pesar de que se encontraran miles de vidas humanas de por medio, salvaguardar al Estado siempre es el objetivo primordial.

Siempre que se emprende un proceso migratorio, los migrantes son despojados de sus derechos y aún así es ahí donde van tejiendo sus propias redes de apoyo. Es por ello que las caravanas migrantes han fungido como una forma de protección y cuidado colectivo que al mismo tiempo son una forma en la que adquieren agencialidad al ser visibilizados por los países en los que transitan.

Las personas migrantes además de ser atravesadas discursiva y políticamente, también lo son corporalmente, en el sentido en el que sus cuerpos son su protección contra los abusos que ejerce la militarización contra ellas y que además, la seguridad de la que tanto se habla y se plasma en los planes y proyectos de los políticos, nunca ha estado de su lado, ha sido una contraposición a la seguridad humana con el fin de cumplir con lo prometido con Estados Unidos con base en un enfoque Estado-céntrico de la seguridad.

Aquí lo que verdaderamente hay que preguntarse es ¿Cómo los Gobiernos se han sentido orgullosos de detener y de privar de su libertad a miles de personas migrantes, incluyendo menores no acompañados? ¿Todo para colgarse una medalla ante Estados Unidos y “proteger” más la seguridad nacional de un país que una vida? ¿De quién se deben proteger realmente? ¿Hasta qué punto deja de importar una vida migrante? Y, sobre todo, ¿Cuándo los migrantes dejan de ser humanos para convertirse en una amenaza? Hasta qué grado han llegado los Gobiernos y la sociedad que van repitiendo los discursos llenos de odio y, por tanto, se ha tenido que deshumanizar a las personas migrantes para entonces poder atacar con fuerza letal.

Hasta la fecha, no existe una migración “segura, ordenada y regular” como lo propone la Organización Internacional para las Migraciones, existe una migración amenazada, peligrosa y militarizada. El primer paso para poder cambiar las políticas migratorias, tratados o pactos e incluso los discursos, es hacerle entender al mundo que MIGRAR ES VIVIR y es más que un derecho.

Fuentes consultadas

AFP. (2019, 13 octubre). Guardia nacional frena a caravana migrante que se dirigía a la Ciudad de México. El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/politica/Guardia-Nacional-frena-a-caravana-migrante-que-se-dirigia-a-la-Ciudad-de-Mexico-20191012-0021.html

Declaración conjunta. Washington DC. (2019, 7 junio). Gobierno de México. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/467956/Declaracio_n_Conjunta_Me_xico_Estados_Unidos.pdf

Ley de la Guardia Nacional. (2019, 27 mayo). Diario Oficial de la Federación. México.

Sánchez, J. (2019, 31 agosto). Guardia Nacional se regirá bajo estándares de ONU: Ebrard. El Sol de México. https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/guardia-nacional-se-regira-bajo-estandares-de-onu-ebrard-4115741.html


[1] Declaración conjunta. Washington DC. Gobierno de México. 7 de junio de 2019. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/467956/Declaracio_n_Conjunta_Me_xico_Estados_Unidos.pdf

[2] Sánchez, J. “Guardia Nacional se regirá bajo estándares de ONU: Ebrard”. El Sol de México. 31 de agosto de 2019. https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/guardia-nacional-se-regira-bajo-estandares-de-onu-ebrard-4115741.html

[3] Ley de la Guardia Nacional. México. Diario Oficial de la Federación. 27 de mayo de 2019.

[4] AFP. “Guardia Nacional frena a caravana migrante que se dirigía a la Ciudad de México”. El Economista. 13 de octubre de 2019. https://www.eleconomista.com.mx/politica/Guardia-Nacional-frena-a-caravana-migrante-que-se-dirigia-a-la-Ciudad-de-Mexico-20191012-0021.html

[5] Ibidem.

La militarización en Colombia en el mandato de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. El desdibujamiento del discurso legal en la praxis jurídica.

Gerardo Gutiérrez Posada

Colombia representa una nación digna de analizar por su trayectoria tan variopinta. En ese sentido, a partir del nuevo siglo, es decir, a comienzos de los 2000 ‘s, dicho país se vio envuelto en una lógica donde la militarización se exacerbó de manera exponencial. Los antecedentes que permiten entender la razón de ser del actuar de la cúpula gubernamental se hallan enmarcados en el conflicto armado que aqueja al territorio desde hace poco más de seis décadas, donde la consigna es, por una parte, la búsqueda incesante del poder estatal y por otra el reconocimiento mismo de sectores en específico, del territorio mismo. 

La militarización constituye, precisamente, una suerte de reivindicación en donde los marcos jurídicos que regulan y reglamentan la sociedad, no sólo de la espacialidad colombiana, sino de la esfera terrestre, se ven puestos, en vastas ocasiones, como una oportunidad para desdibujarse, vulnerarse e incluso desconocer el cumplimiento de los mismos por parte de los que ostentan el poder. Razón de ser del presente texto se centra en realizar un esfuerzo por comprender cómo algunas políticas, en materia de seguridad gestadas en las presidencias de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, concebidas como un proceso de militarización, transgredieron normas de Derecho Internacional Humanitario (DIH, de ahora en adelante). 

Primeramente, es digno destacar que los años sesenta de la segunda mitad del siglo XX estarían caracterizados por marcar la temporalidad en las que estarían insertas las problemáticas agrarias inconclusas y no dotadas de una solución íntegra por mandatos previos. (Moreno, 2012) Producto de los sucesos plasmados, las llamadas “guerrillas” pasarían a ser un elemento característico de Colombia. La presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), así como el Movimiento Diecinueve de Abril (M-19) formarían los actores que buscarían la defensa de su concepción y proyecto mismo en materia, esencialmente política/económica/ideológica, a partir de sus particularidades históricas y regionales. 

En palabras de Echandía y Bechara en el papel que jugó FARC; 

Entre 1996 y 1998 en zonas del sur del país, las FARC demostraron su elevada capacidad de aprendizaje en medio de un entorno adverso e incierto. Así mismo, pusieron a prueba su capacidad de maniobra, libertad y rapidez de acción. Entre los cambios más significativos observados en la dinámica del conflicto, se destaca la prioridad manifiesta que las FARC dieron entre 1997 y 2001 a los ataques a las poblaciones para destruir los puestos de policía y debilitar la presencia estatal en los sitios donde buscaban ampliar su influencia. (Echandía y Bechara, 2006) 

Sin embargo, agregando a esta tan diversa composición, grupos paramilitares emergieron bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Para lo cual, Álvaro Uribe (ex presidente de Colombia del 2002 al 2010) y Juan Manuel Santos (también ocupador de la silla presidencial colombiana desde 2010 al 2018) impulsarían una agenda centrada en la promoción de esfuerzos para el alcance de la paz. Acciones como la llamada Política de Seguridad Democrática auspiciada (PSD) con el discurso que abanderaba Uribe de la necesidad de tener un control central se denominaría la solución que encontró el líder para encarrilar sus movimientos al aniquilamiento y supresión de las guerrillas en la nación. (Moreno, 2012) 

Así, el 2003 daría a luz a la PSD como una suerte de panacea para poder lograr la estabilidad y legitimidad del Estado colombiano. Es decir, el presidente en turno apostaba por una reivindicación y alcance de solución mediante modificaciones en el aparato de la seguridad. Es por ello que, la creación de la invocada Política vendría a ser el parteaguas y la llave para que la figura presidencial abriera el candado para disuadir aquello catalogado como “violento”, pero con la aparente e ilusoria cláusula de respeto a los derechos humanos. 

El despliegue de la Seguridad Democrática militarizaría la cotidianidad misma de lxs ciudadanxs, de lxs habitantes de la demarcación de Colombia. En respuesta, la capacidad de combate de las fuerzas militares da un vuelco frente a las fuerzas de aquellos grupos que asumían una postura contrasistémica, liderada principalmente por grupos armados, los cuales representaban una amenaza latente al status quo imperante. En consecuencia, la militarización sería la apuesta para (re)establecer el “orden”. (Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2008, p. 23) 

Durante el mandato de Uribe, uno de los objetivos prioritarios fue enfatizar en la “recuperación” social del territorio, pero lo que realmente impulsó su amplio respaldo electoral fue su promoción de políticas más rigurosas y duras en la lucha contra los grupos subversivos mencionados previamente. De hecho, gracias a su enfoque en la rigidez y la dureza para erradicar estas agrupaciones, obtuvo más del 53% del total de los votos de la población colombiana. (Osorio, 2012, p. 64) 

Respecto a la militarización misma que dio dirección Juan Manuel Santos desde que asumió el poder desde el 2010, de igual forma, fue la de crear un proceso de negociación para que el fin de la guerrilla se viera como una meta a lograr. Asimismo, la idea de mejoramiento

de su imagen, a escala planetaria, en torno a ser un actor que se encontraba en la emergencia de una ferviente transición y reinvención misma, donde ya no se le etiquetara neta y puramente de país conflictivo de América Latina. Pero, el hecho de hacerlo realidad, dentro de las múltiples realidades coexistentes, tendría que sobrepasar cuestiones de incertidumbre e incluso violaciones sistemáticas a los derechos de las propias personas. 

En esencia, existen una serie de cuerpos e instrumentos jurídicos que simbolizan y son actos de los Estados a nivel global por el anhelo y fervor de que las propias relaciones humanas se inserten en una lógica de convivencia pacífica y respeto a los derechos humanos. De esa forma, las iniciativas efectuadas y elaboradas por los presidentes de Colombia en casi veinte años, tanto Uribe como Santos parecían dejar de lado los principios y propósitos del Derecho Internacional, especialmente del Derecho Internacional Humanitario (DIH, a partir de ahora). 

El caso referencial es, cómo han abordado las presentes líneas reflexivas, en el sentido de la Política de Seguridad Democrática donde se fabrica una serie de estrategias en torno a la plena articulación de redes de “cooperantes e informantes”. Precisamente en las redes de cooperantes e informantes, las violaciones al DIH pasaron a dar auge, en la medida que las fuerzas de seguridad del Estado recurrieron a menores de edad para ocuparlos como vigilantes activos. (Giraldo, 2008) 

Cabe precisar que el DIH tiene ámbito de aplicación en conflictos armados. Empero, no sólo se habla de una misión durante, sino que corresponde al propio Estado la noción de obligarse a varias etapas previas y posteriores, dependiendo el contexto. Los compromisos se asumen a partir del artículo 1º relativo a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, sumado al principio de respetar y hacer respetar. No obstante, aún con la existencia del enunciado corpus iuris, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas informó que grupos armados ilegales cometieron atentados al DIH. Sumado a que las fuerzas militares y cuerpos de seguridad del propio Estado cometieron 2841 violaciones. (Giraldo, 2008) 

El caso de la militarización en Colombia, sin duda alguna, es reflejo de la ineficiencia del propio Estado de atender las fricciones y que encuentra el único medio de dar término mediante el uso exacerbado de la violencia. Si bien, hoy por hoy, en pleno 2023 las convenciones y tratados emanan un sinfín de obligaciones que corresponden al Estado, como lo es el DIH, permiten comprender que la consagración jurídica no garantiza perse el respeto irrestricto a los derechos. Por lo tanto, no basta con la formulación de reglamentación internacional cuando en la praxis misma el discurso legal es ignorado y rebasado cobrando la vida, la sangre de muchxs. Entonces. ¿qué hacer con el Derecho?

Fuentes de Consulta 

Echandía, C., Bechara, E. (2006) Conducta de guerrilla durante el gobierno Uribe Vélez: de las lógicas de control territorial a las lógicas de control estratégico. Análisis Político, núm. 57. Recuperado el 17 de abril del 2023, de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47052006000200002

Giraldo, Y. (2008) Violación al derecho internacional humanitario por parte del Estado colombiano. Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Recuperado el 02 de abril del 2023, de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-46542008000100006

Moreno, A. (2012) Seguridad democrática y militarización en Colombia: más allá del conflicto armado. Urvio, núm. 12. Recuperado el 29 de marzo del 2023, de https://www.redalyc.org/pdf/5526/552656545004.pdf

Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. (2008) Impacto de la Política de Seguridad Democrática sobre la confrontación armada, el narcotráfico y los derechos humanos. Colombia: Editorial del Observatorio de Derechos y DIH. Recuperado el 01 de abril del 2023, de https://www.corteidh.or.cr/tablas/r25967.pdf

Osorio, M. (2012) Primer mandato presidencial de Uribe Vélez. Personalismo y carisma. Ecuador: Serie Magister. Recuperado el 02 de abril del 2023 de: https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/3335/1/SM120-Osorio-Primer.pdf Ramírez, S. (2015) La presidencia de Santos: avances e incertidumbre en Colombia. Nueva Sociedad, núm. 260. Recuperado el 02 de abril del 2023 de: https://nuso.org/articulo/la-presidencia-de-santos-avances-e-incertidumbres-en-colombia/

Alternativas a la militarización en México: Explorando nuevas estrategias para abordar los desafíos de seguridad

Emilio Cruz Lara

Imagen obtenida de: Markinhos. (2017, 27 diciembre). Combate Casco Hombre Adulto – Foto gratis en Pixabay. Pixabay.

En este artículo se analizarán alternativas a la militarización en México, tales como la reforma a la cultura policial, el fortalecimiento del sistema judicial, el enfoque en la prevención del delito, la creación de juzgados especializados y la priorización del delito. Dicho análisis se realizará a través de una investigación bibliográfica, con el fin de explorar cómo dichas estrategias pueden ser más efectivas para mejorar la seguridad del país, sin recurrir a la militarización.

De acuerdo con México Evalúa, la reforma policial es una alternativa a la militarización que se centra en mejorar la capacidad de las fuerzas policiales para prevenir y combatir el delito. Una de las principales críticas a la militarización es que debilita a las instituciones civiles, especialmente a las fuerzas policiales, por lo tanto, invertir en una reforma policial puede ser una alternativa efectiva para mejorar la seguridad en México (México Evalúa, 2021).

Parte de esta reforma se centra en la capacitación y formación de las fuerzas policiales (Fondevila & Meneses, 2017). La iniciativa se enfoca en el mejoramiento de la calidad de los reclutas y el entrenamiento que reciben, así como en el aumento de los salarios percibidos y las condiciones laborales de los oficiales de policía. Además, se espera que esta iniciativa también tenga un impacto positivo en la percepción de la policía por parte de la sociedad, pues se podrían presentar índices de corrupción cada vez más bajos dentro del cuerpo mencionado. 

El fortalecimiento del sistema judicial es otra alternativa efectiva a la militarización para mejorar la seguridad en México. La militarización puede llevar a la violación sistemática de derechos humanos[1] y al debilitamiento del sistema judicial. Por lo tanto, invertir en el fortalecimiento del sistema judicial es una alternativa viable para el fortalecimiento de la seguridad en México. 

Uno de los cambios más significativos relacionados con este aspecto es la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, establecido en 2008. Este sistema busca garantizar los derechos de las personas involucradas en un proceso penal, así como mejorar la eficacia del sistema judicial (Galindo & Ramírez, 2016). De igual manera, se espera que el sistema de justicia penal acusatorio registre un impacto positivo en la percepción de la sociedad. 

Otra iniciativa de fortalecimiento del sistema judicial en México es la creación de juzgados especializados en delitos graves (De la Rosa & López 2019).  Estos juzgados tienen como objetivo mejorar la capacidad del sistema judicial para investigar y procesar delitos graves, como el narcotráfico y el crimen organizado. Estos clasificarían los delitos con base al nivel de gravedad para la sociedad al momento de la persecución y el seguimiento (México Evalúa, 2021). En este caso, también hay un incentivo de mejoramiento en la percepción social y en la eficacia del sistema judicial en general.

El enfoque en la prevención del delito complementa las alternativas a la militarización. Como lo señala Pérez, “la militarización se enfoca en la respuesta al delito, pero no necesariamente en su prevención. […] Este enfoque se centra en prevenir el delito a través de [la educación y la cultura], ya que una sociedad educada y culturalmente activa es menos propensa a cometer delitos” (Pérez. C, 2007).

De acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, la creación de programas de desarrollo social es otra propuesta de cara al mejoramiento de la seguridad (AMLO, 2018). La creación de programas de desarrollo social es otra propuesta de cara al mejoramiento de la seguridad. Estos programas buscan abordar las causas subyacentes del delito, como la pobreza y la exclusión social. A través de la inversión en programas de desarrollo social se espera que se reduzca la incidencia de delitos en las comunidades más vulnerables de México. 

Ante un panorama de iniciativas como el descrito, se puede concluir que la militarización no es la única forma de abordar los desafíos de seguridad en México. Existen alternativas efectivas como la reforma policial, el fortalecimiento del sistema judicial y el enfoque en la prevención del delito que pueden ser implementadas para mejorar la seguridad sin violación sistemática de los derechos humanos, como comúnmente sucede con la presencia militar. 

Estas alternativas deben ser implementadas con un enfoque integral y colaborativo que involucre a la sociedad civil y a las autoridades estatales y federales. Además, es necesario establecer un sistema de evaluación y monitoreo para asegurar que estas iniciativas sean efectivas y sostenibles a largo plazo. Este sistema de evaluación es fundamental, “ya que, sin una evaluación constante, todo avance puede reducirse o eliminarse y puede dar espacio a que se creen condiciones de abandono por parte del Estado y una pérdida de legitimidad en las comunidades abandonadas” (Barreto Rozo & Madrazo Lajous, 2015, p. 189).

Es importante destacar que la implementación de estas alternativas no será un proceso fácil ni rápido, pero es fundamental si se desea garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad mexicana. Por lo tanto, es necesario seguir explorando nuevas estrategias y soluciones para abordar los desafíos de seguridad y garantizar que el Estado mexicano cumpla con su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos. 

[1]  Una muestra de ello es que en el periodo de 2019 a 2021 la Comisión de los Derechos Humanos informó un total de 1654 quejas de posibles violaciones de Derechos Humanos cometidas por instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Bibliografía

  • Barreto Rozo, A. & Madrazo Lajous, A., (2015). Los costos constitucionales de la guerra contra las drogas: dos estudios de caso de las transformaciones de las comunidades políticas en Latinoamérica, 43, ISONOMÍA, pp. 151-193
  • De La República, P. (s. f.). Discurso de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados. . . gob.mx. https://www.gob.mx/presidencia/articulos/discurso-de-andres-manuel-lopez-obrador-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos?idiom=es
  • De la Rosa, C. & López M. (2019) La Justicia desordenada, Nexos.
  • Galindo, C. & Ramírez, S. (2016).  Reforma a la justicia penal, del silencio de los expedientes a los juicios orales y públicos.
  • Perez, C. (2015). “Las Mujeres invisibles: los costos de la prisión y los efectos indirectos en las mujeres”. Mark Lipesy and Francis Cullen. (2007). The effectiveness of correctional rehabilitación. Anual Review of law and Social Science, 3, pp. 297-320.