La amenaza de la (re) militarización en Argentina: retos, procesos y cambios estructurales en la agenda política

Diana Karen Vigueras Gutiérrez

Foto: Shutterstock.com

La historia de la mayoría de los países en América Latina se encuentra marcada por la violencia y el uso de la fuerza para ejercer control social, político e incluso económico. Hoy, este panorama parece no haberse modificado del todo. En Argentina, se percibe una profunda relación entre la incorporación de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública y el consecuente avance de la militarización de la seguridad. En este sentido, la “remilitarización” representa riesgos para los procesos de democratización, amenazando la vida, así como los derechos humanos del conjunto de la sociedad.

En 1983, la situación política y social del país atravesó un cambio que permitió el retorno de la democracia después de años de haber estado bajo la dictadura cívico-militar del general Jorge Rafael Videla. Durante este periodo dictatorial (1976-1983), se buscó disciplinar a los sectores populares, reorganizar a la sociedad y la economía argentina, así como evitar el avance del socialismo en la región. Para lograr que el Proceso de Reorganización Nacional tuviera éxito, se implementaron medidas violentas como la represión ilegal, desaparición forzada, prohibición de protestas y movilizaciones, disminución de los impuestos a las importaciones, reducción del déficit fiscal y el aumento de préstamos del exterior, entre otras (Otamendi, et al., 2019).

En la década de los ochenta, como parte de la transición democrática en Argentina, “se dictaron leyes por consenso que prohibían la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, limitándose su uso ante agresiones de origen externo” (Otamendi, et al., 2019). Resulta ilustrativo que en 1988 se aprobó por unanimidad la Ley de Defensa N.º 23.554, con el fin de fortalecer la democracia ante la insubordinación militar. Dicha norma establecía “la supremacía civil sobre las fuerzas armadas, delimitaba las funciones de defensa a acciones de orden externo y excluía a los militares de misiones de orden público” (Diamint y Santos, 2007). Posteriormente, la Ley de Seguridad Interior N.º 24.059, promulgada en 1992, señalaba la desmilitarización de la seguridad interior, excluyendo a las Fuerzas Armadas del sistema de seguridad y de la tarea policial.

El papel de este organismo se vio drásticamente afectado, sus recursos se redujeron y se le limitó a sólo a apoyo logístico. Es importante mencionar que, la estructura militar argentina “tenía un presupuesto de un país en guerra (el 5% del PBI estaba destinado a las Fuerzas Armadas, pero ese financiamiento no se adecuaba a las funciones de un ejército en democracia” (Diamint y Santos, 2007). 

Las normas mencionadas anteriormente prohibían que las fuerzas armadas realizaran tareas de inteligencia interna, lo que derivó en un progresivo deterioro de su capacidad operativa. No obstante, actualmente se ha observado un aumento de la securitización debido a las coyunturas internacionales y regionales, las cuales se encuentran relacionadas con nuevos desafíos que ponen en riesgo la seguridad nacional, tales como las crisis económicas y migratorias, el crimen organizado, el narcotráfico, la violencia, etc. En este contexto, se demuestra que el proceso de “desmilitarización del Estado, comenzó a revertirse en los inicios del siglo XXI, con un ejercicio de soberanía donde la Gendarmería y las Fuerzas Armadas tendrían un lugar destacado” (Frederic, 2020).

Se vislumbra entonces “una ventana de oportunidad para las Fuerzas Armadas, deseosas de recuperar parte del terreno que cedieron paulatinamente en favor del poder civil” (Verdes-Montenegro, 2019). Este fenómeno representa riesgos y peligros para la ciudadanía y las propias instituciones estatales, pues el predominio de lo militar sobre lo político conlleva una serie de efectos que juegan con la estabilidad democrática.

La historia de la militarización como instrumento de la defensa nacional en el Cono Sur se percibe con efectos negativos, ya que su implementación tiende a recrudecer y aumentar las situaciones de violencia, sumando una gran cantidad de casos de violaciones a los Derechos Humanos perpetrados por las propias fuerzas militares. Aunado a esto, se reconoce que las fuerzas armadas llegan a “desarrollar vínculos con las economías ilegales, e incluso a ser parte de las redes de narcotráfico y del contrabando de armas que supuestamente deberían combatir” (Otamendi, et al., 2019), lo cual desprestigia su papel como actor protector de manera constante e irreversible.

En suma, el rechazo a las Fuerzas Armadas en Argentina como responsable de la seguridad interior responde a la historia represiva y genocida de la ultima dictadura, pero recientemente su esfera ha ido ganando terreno gracias al impulso de actores políticos y mediáticos con agendas conservadoras. El resultado más evidente fue que en 2018, durante el mandato de Mauricio Macri, se firmó el decreto 683/18, el cual eliminó la restricción del accionar de las Fuerzas Armadas que estipulaba la Ley de Defensa N.º 23.554 y amplió su margen de acción (Gobierno de Argentina).

Hoy en día, se da la incorporación de fuerzas militares en tareas de seguridad pública en complemento o a la par con las fuerzas policiales. Sin embargo, esta transición ha demostrado ser no sólo ineficaz en términos de reducción de los delitos y de las violencias para los cuales se supone que está dirigido, “sino que es […] contraproducente y peligroso en términos del incremento de muertes violentas, desapariciones y violaciones a los Derechos Humanos, tal como lo advierte el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” (Otamendi, et al., 2019).

Las experiencias previas en el país son muestra clara del riesgo que se corre con el avance de la “remilitarización”, la cual se inserta en una lógica estatal por liberar al gobierno de sus tareas a efectivos de fuerzas de seguridad federales, es decir, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional en el caso particular argentino. 

Fuentes consultadas

Diamint, R., Santos, L. (2007) Política de Seguridad Internacional Argentina. Encrucijadas para la cooperación regional. Recuperado el 28 de abril del 2023, de: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/chile/04463.pdf

Frederic, S. (2020) Crisis de soberanía y militarización de la frontera norte. La fragilidad estatal ante la amenaza de los crímenes organizados en Argentina. Recuperado el 29 de abril del 2023, de: https://www.redalyc.org/journal/4763/476368270002/html/

Gobierno de Argentina. Ley 24059/1991. Recuperado el 29 de abril del 2023, de: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24059-458/actualizacion

Gutiérrez, R. (2021) Argentina, a 45 años de un golpe de Estado devastador. Recuperado el 27 de abril del 2023, de: https://www.gaceta.unam.mx/argentina-a-45-anos-de-un-golpe-de-estado-devastador/

Otamendi, A., Zajac, J., Guemureman, S. (2019) La re-militarización de la seguridad interior en Argentina: Una amenaza para los Derechos Humanos y la vida de los jóvenes. Informes de Coyuntura, núm. 8. Recuperado el 27 de abril del 2023, de http://iigg.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/22/2019/10/Ic8.pdf

Verdes-Montenegro, F. (2019) La (re)militarización de la política latinoamericana. Origen y consecuencias para las democracias de la región. Recuperado el 28 de abril del 2023, de: https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/09/DT_FC_14.pdf

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