A dos años del régimen talibán ya nada del invierno: la crisis humanitaria en Afganistán

Johana Montserrat Mendoza Salas

Wakil Kohsar

“Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera la necesidad de soñarlas”

-Martin Luther King

Tras dos décadas de intervención internacional, gobiernos fallidos e innumerables sacrificios, el 15 de agosto de 2021 el régimen talibán se establecía en la capital afgana, Kabul, mientras la retirada de las tropas estadounidenses se accionaba. En este sentido, hoy en día la segregación, represión e innumerables prohibiciones hacia las mujeres afganas perpetradas principalmente por grupos reaccionarios extremistas como los talibanes, además de la pobreza, hambruna y desestabilidad económico-política heredada del antiguo régimen talibán han ocasionado una profunda crisis humanitaria en Afganistán. 

De acuerdo con ACNUR (2022), alrededor de 3.5 millones de personas han sido desplazadas debido al conflicto, buena parte de la niñez no está recibiendo educación y la mitad de la población afgana padece hambruna aguda. Aunado a lo anterior, las duras condiciones del invierno que se aproxima se añadirán a la lista de preocupaciones que ya sufren millones de personas que han debido abandonar sus hogares a causa de conflictos o persecución dentro del país. 

Ahora bien, a inicios de 2023, muchos grupos de ayuda suspendieron parcialmente sus actividades debido a que la administración talibán dictaminó que la mayoría de las trabajadoras de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) no podían trabajar, lo que dejó a las agencias incapaces de operar muchos programas dentro del país. Así como lo afirmó Christian Jepsen, asesor regional de comunicaciones del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) “dado que nos hemos visto obligados a suspender todas nuestras operaciones debido a la prohibición de incorporar personal femenino a las ONG, actualmente no podemos ayudar a ninguna persona necesitada. La situación es muy grave” (Kumar, 2023).

Es allí donde recae el problema, puesto que, antes de la imposición del régimen talibán, cerca del “75% de los 9 mil millones de dólares del presupuesto del Estado en Afganistán se basaban en la ayuda internacional” (Ramond, 2023), la cual era mayoritariamente estadounidense. Esa ayuda representaba también el 40% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Sin ella, el primer presupuesto del Estado talibán, para enero de 2022, se estimaba en 450 millones de dólares, la mayor parte de los cuales procedían de los derechos de aduana y los impuestos que habían recaudado desde su llegada al poder (Ramond, 2023). Lo anterior denota, como la parte económica juega un papel importante en la dominación estructural sistémica occidental.

Además, el régimen se enfrenta a una crisis de liquidez, vinculada a las sanciones financieras estadounidenses y, en particular, a la congelación de unos 10 mil millones de dólares del banco central afgano. Actualmente, el gobierno talibán está intentando compensar la desaparición de la ayuda internacional y el efecto de las sanciones procurando aumentar las exportaciones, en particular de carbón (Requena, 2023). Es esencial destacar que, si bien, el régimen talibán actual y la intervención estadounidense en el país no han sido los únicos factores y actores involucrados en el actual desarrollo y crecimiento económico de Afganistán, sí han modificado estructuralmente el estilo de vida de la sociedad afgana.

El invierno apremia y el pueblo afgano no tiene cómo mantener el calor 

Si bien la crisis energética ha permeado a nivel global en los últimos dos años, esta tiende a profundizar cuando los países no pueden crear nuevas áreas de producción de energía, alcanzar fuentes alternativas y mucho menos importar energía debido a sus economías emergentes como en el caso de Afganistán. Actualmente, el país asiático está atravesando por un proceso difícil en términos energéticos. Se sabe que incluso en la capital del país, en otoño, sólo hay electricidad durante siete u ocho horas al día. 

Afganistán produce por sus propios medios aproximadamente el 30% de la energía del país y el resto es exportado desde los países vecinos: Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán (Abubakar, 2023). Sin embargo, los países mencionados tienen que reducir la cantidad enviada debido al aumento del consumo de energía en el periodo invernal en su propio territorio y, a pesar de que la administración talibán tiene dificultades para pagar la energía que recibe debido a problemas económicos desde su toma de poder, los estados vecinos siguen enviando energía al país, aunque con algunas deficiencias y recortes.

El invierno extremo ya ha agravado la miseria de los afganos que, como hemos apuntado anteriormente, ya sufren una crisis humanitaria sin precedentes por las innumerables intervenciones en su territorio a lo largo del tiempo, afectando a 28 millones de personas, quienes tiene problemas para conseguir el combustible que necesitan debido a los altos precios, de acuerdo con las últimas cifras de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU (ACNUR, 2022). El pueblo afgano no tiene un recurso económico con el que pueda adquirir combustibles que resuelvan el problema de la calefacción, así como la dificultad que experimenta para acceder a la electricidad. Esto ha llevado a que más de 160 personas murieran entre el 10 y el 25 de enero de 2023 y 70 mil cabezas de ganado perecieran a causa del frío en el país (CBC, 2023). 

La muerte de muchas personas resume la difícil situación por la que atraviesa la sociedad afgana y aunque los sitios de noticias y los medios de comunicación occidentales informan sobre la crisis, no toman ninguna medida concreta para resolver los problemas cada vez más profundos. Mientras los afganos presencian los cortes de electricidad en el país, el aumento de las temperaturas, hambruna y su consecuente amenaza a la vida de millones de personas en el país, el mundo occidental discute su propia crisis y estabilidad económica e ignora los problemas y desigualdades estructurales en Afganistán que han sido perpetrados por este mismo históricamente. Aunque cientos de personas perdieron la vida en un corto período de tiempo, no existe una iniciativa significativa del público internacional para resolver los problemas, lo que demuestra que el pueblo afgano está abandonado a su propia suerte y cae en una crisis multisectorial profunda.

Fuentes de consulta 

ACNUR. (22 de Noviembre de 2022). Emergencia en Afganistán. Obtenido de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados: https://www.acnur.org/emergencias/emergencia-en-afganistan#:~:text=Afganist%C3%A1n%20atraviesa%20una%20crisis%20humanitaria,son%20mujeres%2C%20ni%C3%B1as%20y%20ni%C3%B1os

ANI News. (15 de Noviembre de 2022). Afghanistan: Kabul residents complain of power shortage as winter approaches. Obtenido de ANI South Asia’s Leading Multimedia News Agency: https://www.aninews.in/news/world/asia/afghanistan-kabul-residents-complain-of-power-shortage-as-winter-approaches20221115232846/

CBC. (26 de Enero de 2023). Extreme cold in Afghanistan leaves more than 160 dead this month. Obtenido de CBC News: https://www.cbc.ca/news/world/afghanistan-cold-deaths-1.6726637

KAYA, E. (02 de octubre de 2023). The Deepening Energy Crisis in Afghanistan. Obtenido de Akara Center For Crisis and Policy Studies: https://www.ankasam.org/the-deepening-energy-crisis-in-afghanistan/?lang=en

Kumar, R. (17 de Enero de 2023). Al Jazeera. Obtenido de Afghans braving severe cold face stark choice: Food or warmth: https://www.aljazeera.com/news/2023/1/17/afghans-reel-from-exceptionally-cold-winter

Naciones Unidas. (11 de Noviembre de 2022). Factura récord de importación de alimentos, emisiones del sector industrial, invierno y desplazados… Las noticias del viernes. Obtenido de Noticias ONU Mirada Global Historias Humanas: https://news.un.org/es/story/2022/11/1516822

Naciones Unidas. (07 de Octubre de 2023). La paciencia y el diálogo con los talibanes, el único camino. Obtenido de Noticias ONU: https://news.un.org/es/interview/2023/10/1524672

Ramond, P. (15 de Agosto de 2023). 10 puntos sobre la situación en Afganistán, dos años después de la toma del poder por los talibanes. Obtenido de El Grant Continent: https://legrandcontinent.eu/es/2023/08/15/10-puntos-sobre-la-situacion-en-afganistan-dos-anos-despues-de-la-toma-del-poder-por-los-talibanes/

Requena, P. (2023). Afganistán año dos: crisis humanitaria, violación de los derechos humanos y apartheid de género. Obtenido de Documento de opinión IEEE: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2023/DIEEEO78_2023_PILREQ_Afganistan

Siddique, A. (27 de Enero de 2023). The Azadi Briefing: Afghanistan Plunged Into Darkness Amid Massive Power Outages . Obtenido de Radio Free Europe Radio Liberty: https://www.rferl.org/a/azadi-briefing-afghanistan-power-outages-ngos/32242485.html

La Responsabilidad de Proteger ¿Cuáles intereses? El caso de la intervención en Libia, 2011

Gabriela Morgado Cervantes

The New York Times

Al finalizar la Guerra Fría, el sistema internacional se enfrentó a un panorama caracterizado por el surgimiento de nuevas problemáticas y la complejización de las ya existentes. La seguridad, entendida desde una perspectiva tradicional-estatocéntrica, comenzó a ser insuficiente para responder a las crisis. Esto se denota en la dificultad de los Estados para dar respuesta a las nuevas dinámicas, lo cual se hace más evidente en los Estados que se encuentran en una condición de incapacidad de enfrentarse a problemáticas esenciales como las de seguridad menos tradicional, las cuales afectan directamente a la humanidad, como lo son las guerras, los genocidios, etc. En este contexto, junto a la concepción humana de la seguridad[1], surge la doctrina de la Responsabilidad de Proteger, por medio de la cual la sociedad internacional asume la Responsabilidad de Proteger a todos los individuos, sin importar su país, incluso cuando su propio Estado es incapaz de protegerlos (VanLandingham, 2012).

De acuerdo con la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados (2001), la Responsabilidad de Proteger implica otras responsabilidades como lo son: prevenir, reaccionar y reconstruir. Estas se pueden resumir en mecanismos de alerta, medidas preventivas y la posterior restauración de la paz. Estas tres responsabilidades sirven como antesala a la intervención, la cual debe ser el último recurso al enfrentarse a cierta problemática. Las intervenciones deben ser aprobadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y deben estar justificadas en una causa e intención correcta para así evitar el sufrimiento humano en la mayor medida posible.

El caso de Libia: la Dictadura y la Guerra Civil

Libia se ubica en el Norte de África, a lo largo del Mediterráneo, frente a Grecia e Italia.  A pesar de no contar con un suelo muy fértil, posee mucho petróleo y es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Después de la ocupación italiana (de 1912 a 1942) y posteriormente de Reino Unido y Francia (entre 1947 y 1951)[2], durante 42 años Libia fue gobernada por el líder autoritario Muamar Gadafi, quien realizó diversas reformas nacionalistas como la reforma agraria, nacionalización de la industria petrolera, impulsó un sistema de seguridad social, asistencia médica gratuita, entre otras (Bearman, 1986). Asimismo, fomentó la participación de las mujeres en la vida política y económica.[3] Sin embargo, de manera simultánea estableció un Estado policial caracterizado por la vigilancia y represión constante a la población. Se prohibió el derecho de huelga, se impuso una férrea censura informativa y se codificó la pena de muerte para los delitos considerados contrarrevolucionarios.

Con estas condiciones y el auge de las Primaveras Árabes, una serie de movimientos en el mundo árabe entre 2010 y 2012 que buscaban democracia y derechos sociales, la rebelión contra el gobierno libio generó diversas manifestaciones violentas que fueron reprimidas por el Estado, desatando una Guerra Civil. El 27 de febrero de 2011, un grupo que encabezó las protestas en contra del gobierno de Gadafi fundó oficialmente el Consejo Nacional de Transición (CNT) en Bengasi, organismo único y legítimo de representación del pueblo y del Estado libio. El CNT generó un movimiento con tanta fuerza que en un mes hizo que Gadafi perdiera el control de la mayoría de las ciudades en Libia, incluyendo a los yacimientos petroleros del país.

Resolución 1973 del Consejo de Seguridad

El gobierno de Gadafi inicia en 1969, pero no es hasta 43 años después que la comunidad internacional ve necesario intervenir en pro del bienestar humano. Por esto es que a principios de 2011, con justificación en la Responsabilidad de Proteger, Francia impulsa enérgicamente la Resolución 1973 en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la cual establece que “se utilizarán todas las medidas necesarias […] para proteger a los civiles y las zonas pobladas por éstos que estén bajo amenaza de ataque” (Consejo de Seguridad de la ONU, 2011).

Posteriormente, ya con la resolución aprobada, por medio de la operación Odyssey Dawn para la ejecución de la Resolución de 1973, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) comienza en marzo de 2011 las intervenciones militares en Libia, las cuales buscaban proteger a la población civil. Sin embargo, en realidad se bombardearon varias ciudades civiles a lo largo de Libia. Además, cabe destacar que dicha operación fue organizada en un foro en París el 19 de marzo de 2011, por lo que se puede notar el meticuloso orquestamiento de la intervención por parte de Francia.

El interés de la intervención francesa se puede explicar en que, a nivel regional, gran parte de África es ex colonia de Francia y el actual ascenso de Libia como potencia regional supuso una amenaza a la influencia francesa en la región. Esto se puede ver especialmente con la propuesta de Gadafi de una moneda Panafricana, la cual amenazaría seriamente al franco de la Comunidad Financiera Africana (CFA), la moneda común de catorce países africanos, casi todos ellos antiguas colonias francesas, y por lo tanto a las finanzas francesas.[4] Entonces, las actitudes e iniciativas de Francia se deben insertar en una estrategia de proyección de poder en la región de Europa y el Mediterráneo. Francia, busca el liderazgo regional para contrarrestar a actores en ascenso como Alemania, y busca posicionarse en la región mediterránea debido a que su situación económica y financiera depende de ella.

La participación de otros Estados, como Estados Unidos, está presente de una manera menos activa y más pragmática, ejemplo de ello son los correos desclasificados de la precandidata presidencial Hillary Clinton,  donde demuestran que la creación de una moneda panafricana basada en las reservas de oro de Libia, suponen una gran amenaza al euro y al dólar; y por esa razón Estados Unidos se ve obligado a intervenir.[5]

Conclusiones

La Responsabilidad de Proteger está claramente enmarcada en los intereses del capital y de las grandes potencias. La Seguridad Humana es, entonces, un concepto que finalmente sirve a las formas actuales de dominación basadas en la acumulación excesiva de capital por medio de recursos estratégicos. Como lo menciona Baños (2017) la guerra es uno de los instrumentos más utilizados para asegurar beneficios; y en este caso, la abundancia del petróleo pone a Libia como un país de gran interés para potencias como Francia y Estados Unidos.

Además, esta doctrina refuerza un discurso paternalista en la cual países pertenecientes al Consejo de Seguridad son los únicos capaces de responder a cualquier cuestión de seguridad, mientras que la mayoría de estas problemáticas son resultado o respuesta directa a las estructuras de poder y dominación que impusieron estos mismos países hegemónicos.

Entonces, surge el cuestionamiento ¿Qué es lo que realmente se protege? En la práctica, como es visto en el caso de Libia, sirve para promover y proteger los intereses nacionales de potencias que históricamente han basado su poderío en el despojo y la violencia hacia diversos territorios y corporalidades.

Referencias:


[1] Seguridad humana es una concepción amplia, integral, multidimensional y multidireccional de la seguridad. Se centra en las personas más que en el Estado y se constituye a partir de las necesidades humanas y de las capacidades que las personas posean para procurarse la mejor vida posible. (Zavaleta, 2015)

[2]  Italia renuncia a sus territorios libios luego de su derrota en la Segunda Guerra Mundial, quedando bajo administración de Francia y el Reino Unido bajo mandato de la ONU entre 1947 y 1951.

[3] Estableció la prohibición de matrimonios de menores de 16 años, e incluso tenía una guardia de mujeres para su defensa personal.

[4] El gobierno francés recauda de sus antiguas colonias 440.000 millones de euros anuales en impuestos.

[5] El gobierno de Gadafi posee 143 toneladas de oro y una cantidad similar en plata.

La Militarización en la Articulación del Espacio Estratégico Capitalista Global; el Caso De México 2018-2024

Bruno Garduño Guerrero

México Pragmático

Con el objetivo de aportar elementos analíticos al cuestionamiento de por qué la militarización es un rasgo característico en la administración del Estado Mexicano y en el actual sexenio, el presente texto parte de reconocer que existen diversos aspectos que configuran el contexto de militarización en México, sin embargo, se destacan dos estrechamente vinculados.  En primer lugar, la necesidad de la administración actual de acompañar sus proyectos infraestructurales como objetivos políticos, por otra parte, la articulación del espacio estratégico del capitalismo a nivel mundial.

En ese marco, que implica el reordenamiento de la vida social y la reterritorialización del espacio en torno a lo militar, es que la administración federal actual ha depositado en las fuerzas armadas, incluyendo a la marina y al ejército, funciones tales como: administrar puertos y aduanas, poner en marcha el Plan de transporte terrestre de combustible, construir sucursales del Banco del Bienestar, participar en el programa agroforestal Sembrando Vida, así como construir y administrar el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (Centeno, 2022). 

Dichas acciones, están vinculadas con proyectos insignia del gobierno presidido por Andrés Manuel López Obrador y en ese sentido la militarización busca ocupar posiciones espaciales estratégicas con el fin de validar las acciones del gobierno, llegando incluso a desplegarse constantemente en el espacio público para disciplinar. Sin embargo, las nuevas funciones delegadas a la marina y al ejército, tienen principalmente una relación con la construcción de infraestructura -fijos espaciales- y con el desarrollo de estrategias que, a través de la militarización intenta asegurar los flujos de capital; particularmente con la producción de proyectos de desarrollo -desigual- y tácticas de disciplinamiento social.

Así pues, conviene contextualizar la vinculación profunda que hoy existe en México entre el Estado y el capital; que, entre otras cosas, ha resultado en la militarización del espacio para dominar enclaves geoestratégicos y asegurar la reproducción del capital. De ahí que, de acuerdo con López, “la crisis multidimensional que ha experimentado México en las últimas décadas tiene como ejes la profundización del modelo neoliberal y la militarización del conjunto de las relaciones sociales” (2020, p. 125).

En ese sentido, la militarización de la seguridad y el recrudecimiento de las reformas neoliberales se superponen para asegurar los intereses del sujeto hegemónico a nivel mundial y así articular un espacio estratégico capitalista a escala planetaria que le favorezca. Lo cual, se materializa con la acción estatal, que no sólo no genera condiciones de bienestar para la mayoría de la población, sino que además garantiza las condiciones legales y legítimas que profundizan el desarrollo desigual y la producción de una sociabilidad jerárquica.

Se dice que el espacio que se articula es estratégico porque transcurre a través de la ocupación de una serie de posiciones vitales en el mundo para la reproducción del sistema capitalista, y asimismo, porque se nutre de relaciones de poder, se materializa y funciona mediante mecanismos concretos enquistados de forma específica en enclaves geoestratégicos (Herrera, 2012). En ese sentido, los puertos y aduanas, los aeropuertos, así como las fronteras son hoy en México enclaves geoestratégicos en los que, si la estatalidad no se presenta con la fuerza suficiente, la reproducción del capital se entiende en riesgo.

En consecuencia, en palabras de López, “nuestro país ha vivido en los últimos años en un estado de excepción situación que ha servido como contexto del despojo y exterminio de miles de personas, pueblos, comunidades (…) cuyas acciones de resistencia y su existencia misma se anteponen a las necesidades del capitalismo transnacional” (2020, p. 135). 

En efecto, es a través del estado de excepción y la política militarista, que el Estado mexicano ha dispuesto sistemáticamente numerosos elementos militares para efectuar detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, desapariciones forzadas, asesinatos, entre otros actos violentos; como manifestación de una actuación planificada, legítima y normada, en contra de su propia población y en favor del capital. 

Así, el estado de excepción permanente y la guerra como continuación de la política han trasladado los objetivos del ejercicio militar al cuerpo social y es ahora ahí donde se disputa la primacía del proyecto capitalista a nivel mundial. En efecto, es a través del ejercicio de la violencia estatal que se busca asegurar la continuidad de las condiciones de reproducción de capital, ligadas sí a espacios estratégicos, pero también a relaciones sociales estratégicas -en la medida que a través de ella se domina-.

Particularmente, considero necesario relacionar el disciplinamiento social con la producción del espacio, puesto que, como enuncia David Herrera (2012), el proceso de globalización del espacio estratégico capitalista en escala planetaria expandió de forma paralela la dinámica de la guerra permanente y la racionalización de sociedades a una nueva dinámica, se dio a través de mecanismos de disciplinamiento, de procesos de normalización y de institucionalización de la guerra. 

Por lo anterior, habría que cuestionar también en qué sentido otras cuestiones que se articulan en discursos de securitización, en realidad también podrían estar regulados en función del aseguramiento de la articulación del espacio estratégico capitalista global; por ejemplo, la migración o el cambio climático. Puesto que la definición de la seguridad, promovida por el Estado, depende de relaciones de poder que, a partir del discurso ordenan intereses particulares para promoverlos como generales, y se pretende su persecución en beneficio del bien común, aunque en realidad no sea así.

En concreto, dichas relaciones de poder se manifiestan en la estrecha vinculación que se da entre la administración estatal y las corporaciones, pues tanto las corporaciones como el Estado son formas de institucionalización del sujeto capitalista, cuyas acciones se encaminan a garantizar condiciones para la reproducción de una sociedad organizada jerárquicamente. Esto implica que su acción cómplice es consustancial (Ceceña, 2016).

Para finalizar, considero necesario plantear que la crítica a la violencia que implican los procesos de militarización en el mundo y en nuestro país, debe vincularse necesariamente con las estrategias y dispositivos producidos en función de la articulación de un espacio estratégico capitalista global. Pues, de esa forma, es viable comenzar a construir alternativas que verdaderamente transformen la realidad violenta y desigual en todas sus manifestaciones. 

REFERENCIAS:

Ceceña, A. (2016). “La territorialidad de las corporaciones”. En Ceceña A. y Ornelas R. (Coord.). Las corporaciones y la economía-mundo. El capitalismo monopolista y la economía mexicana en retrospectiva. (p. 108-133). Siglo XXI/IIEc/FE/UNAM, pp. 341.

Centeno, R. (17 de noviembre de 2022). “¿Cómo entender la militarización de México en la presidencia de AMLO?” LSE Latin America and Caribbean Centre. Recuperado de: https://blogs.lse.ac.uk/latamcaribbean/2022/11/17/militarizacion-mexico-presidencia-amlo/

Herrera D. (2012). “La política es la continuación de la guerra por otros medios: hegemonía y poder en las relaciones internacionales del siglo XXI”. En Escenarios XXI. (pp. 5-19) Año II, Núm. 13.

s/a. (7 de octubre de 2023). “Sedena blindará la ruta del Tren Maya con tres mil 200 elementos de la Guardia Nacional” Milenio. Recuperado de: https://www.milenio.com/estados/sedena-colocara-mil-elementos-gn-ruta-tren-maya

López, R. (2020). “El estado de excepción y la acumulación por exterminio como fundamentos de las relaciones entre México y Estados Unidos en el periodo 2006-2018″. En Herrera, D. (ed.). Geopolítica, Espacio, poder y resistencias en el siglo XXI. (pp. 125-142). Editorial Trama.

Zibechi R. (8 de julio de 2016). “Acumulación por exterminio” La Jornada. Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/2016/07/08/opinion/019a1pol#

Riesgos para la seguridad humana en el Triángulo Norte: escenario de múltiples violencias

Ana María Trejo Mejía

The Wenatchee World

Cada día que pasa se acrecientan amenazas que ponen en riesgo la seguridad y la integridad de la vida en su totalidad: el empobrecimiento, hambre, desigualdad, inseguridad y por supuesto la violencia, son solo algunas manifestaciones de las múltiples crisis que azotan con fuerza al mundo entero. Para hacer frente a estos grandes problemas de la humanidad se necesita una acción conjunta entre Estados, asociaciones civiles, Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales, es decir, la comunidad internacional en su totalidad.

La atención a la vulneración de las múltiples dimensiones de la seguridad humana en el marco del PNUD (seguridad económica, alimentaria, en materia de salud, ambiental, personal, de la comunidad y política (Fuentes, 2012)), se ha tornado vital para los países latinoamericanos. La región centroamericana del Triángulo Norte en Centroamérica, es decir El Salvador, Guatemala y Honduras, donde la transgresión a los derechos humanos y la falla sistémica han desatado una ola de desplazamiento alarmante, es la prueba de ello.

Las cifras de refugiados y solicitantes de asilo provenientes de esta región aumenta cada año, se reporta que al menos 597,000 personas se encuentran en esta situación, mismas que huyen de la violencia, la falta de oportunidades de empleo, inseguridad y a la lista se suman los graves efectos negativos que trajo consigo la pandemia por COVID-19, esto sin mencionar que las capacidades de las comunidades de acogida se ven comúnmente rebasadas dado el gran número de personas que solicitan refugio (ACNUR, 2023).

No es una tarea sencilla el comprender las razones que llevan a las y los centroamericanos de estos países a abandonar sus hogares, esto debido a que son múltiples los factores que abonan a esta decisión. Por un lado, respecto de la seguridad económica, se considera vital para el desarrollo personal y colectivo el acceso a alimentos, la vivienda básica, la vestimenta y la higiene, así como gastos relacionados con la educación y la salud (CICR, 2015), sin embargo, se ha registrado que un gran porcentaje de familias centroamericanas no cuentan con los suficientes recursos económicos para cubrir gastos básicos, lo que resulta en un consumo inadecuado de alimentos, un acceso limitado a alojamientos seguros y dignos, además de dificultades para acceder a seguridad social, educación o inclusive a servicios aún más básicos como el agua (ACNUR, 2023).

Ahora bien, otro aspecto a destacar es la violencia que orilla a las personas a huir de sus países de origen. Existen diferentes tipos de violencias que se ejercen dentro y fuera de las fronteras de la región, es de destacar la violencia criminal asociada con grupos delictivos, mismos que engloban a las pandillas como los “maras”, o la violencia vinculada con el Estado mismo, donde la corrupción y la impunidad dentro de las instituciones estatales encargadas de servir justicia coadyuvan a la sensación de inseguridad en el interior de sus fronteras.

Dentro de estas violencias existentes, la violencia criminal al ser uno de los tipos que más se resalta, como ya se mencionó anteriormente, dadas las altas olas de violencia que de ahí derivan, mismas que remiten al uso de fuerza física, psicológica, o moral, resulta en actos que transgreden los marcos jurídicos de los Estados, que generalmente incluyen actos como el homicidio, robo, maltrato, abuso, por mencionar algunos ejemplos (Prado, 2018).

Es en este sentido que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha estimado que los países de las Américas cuentan con una alta tasa de homicidios. El índice de 2017, por ejemplo, arrojó que 173,000 personas en la región habrían sido víctimas de homicidio intencional (UNODC, 2019).  Y habría que analizar el trasfondo del alto número de homicidios en la región, pues uno de los ámbitos cruciales son las dinámicas y redes que se crean dentro del crimen organizado, así como las rutas y movilización de drogas a través de Centroamérica. En Honduras, por ejemplo, se identifica que las redes de narcotráfico están coludidas con altas esferas de gobierno; en Guatemala, se ha observado que altos niveles de corrupción y alianzas de servidores públicos con miembros de organizaciones criminales; en el Salvador, por su parte, cuenta con una gran presencia de grupos pandilleros como MS13 y Barrio 18 (InSight Crime, 2021).

Un punto a considerar dentro de estos índices de violencia, es que no afecta a todas y todos de la misma forma. La situación para las mujeres y niñas dentro de El Salvador, Guatemala y Honduras no es alentadora pues su panorama las orilla a emigrar bajo condiciones de inseguridad, que se exacerban por razón de género, lo que cobra especial relevancia considerando que más del 50% de la población de esta región son mujeres que a su vez desempeñan un papel central en las familias pues son quienes en su mayoría se ocupan del sustento del hogar (WOLA, 2020).

En este panorama de violencia, los jóvenes son otro sector susceptible ya que el empobrecimiento y la inseguridad, los altos índices de criminalidad, las pocas oportunidades de empleo, y el restringido acceso a recursos básicos, hacen que el colaborar dentro de grupos delictivos se vea como una opción viable hacia el mejoramiento del nivel de vida, buscando así “obtener dinero o cierto estilo de vida que les de mayor prestigio social” (Jiménez, 2016).

Mientras que no se formulen y generen soluciones con un enfoque integral que incluya todas las esferas sociales, políticas y económicas, que además engloban el entramado de interrelaciones no solo de los países centroamericanos sino del continente entero donde es crucial identificar cuáles son las raíces de fondo que obligan a las personas a vivir en condiciones de profunda precariedad, en entornos de extrema violencia donde el tejido social se encuentra dañado gravemente, seguirán existiendo fenómenos como la migración y el desplazamiento forzado que terminan por tener un impacto en el continente entero.

Referencias: