Militarización de las favelas de Río de Janeiro y mujeres que resisten desde la doloridad

Hannia Andrea Rodríguez Jiménez

Quantos mais vão precisar morrer pra que essa guerra acabe?

Marielle Franco

La ciudad de Río de Janeiro ha sido caracterizada por la intensa represión y violencia policial ejercida contra la población negra que se concentra en las favelas. Estos actos se han presentado de manera histórica, pero la puesta en acción de la estrategia de seguridad pública de “pacificación” a finales de la primera década de los dos mil produjo un escenario atravesado por una mayor y profunda violencia. Dicha estrategia de seguridad se estableció en el marco de una serie de mega eventos cuya principal preocupación era generar mayor inversión y satisfacción de los intereses del capital (Barrios, 2020). En consecuencia, tanto hombres como mujeres faveladas se vieron envueltos en un continuum de violencias con repercusiones en su vida cotidiana.

Con ello en mente, es necesario remarcar la relevancia que tiene esta violencia en los cuerpos de los diferentes habitantes, pero, sobre todo, de las mujeres, pues su presencia en los análisis es constantemente relegada. Por otro lado, es fundamental mirar hacia ellas debido a que desde sus vivencias articulan movimientos de resistencia, que son unidos a través de la “doloridad”, contra la violencia policial racista que les está matando.

La construcción de un espacio segregado

Las favelas, habitadas principalmente por hombres y mujeres negras, se han construido históricamente como espacios de segregación en donde fueron concentradas y relegadas aquellas personas que, por parte de un Estado racista y de herencia esclavista, no son consideradas como sujetos y sujetas con capacidad de existir dentro de un ordenamiento moderno-colonial (Dahmer, 2022). En otras palabras, las favelas fueron producidas como el lugar de la existencia del “otro”, el lugar de la diferencia.

En este sentido, las favelas son entendidas fuera del resto de la ciudad y sobre ellas se construyeron representaciones que les categorizaron como espacios “inseguros”, “problemáticos”, “peligrosos”, “incivilizados” y “violentos”. Asimismo, estas representaciones no sólo son atribuidas al espacio físico, sino que también se aplican sobre quienes allí habitan, reforzando así un discurso racista que ve a las personas negras desde una connotación negativa.

La visión sobre estos territorios y quienes los habitan tuvo como consecuencia que se legitimara ante el resto de la sociedad un discurso de seguridad pública que abogaba por la represión y control de sus habitantes mediante prácticas cada vez más violentas y represivas, o, en otras palabras, a través de su militarización.[1]

La militarización y sus consecuencias sobre las mujeres.

Como se mencionó anteriormente, a partir del desarrollo de una serie de mega eventos, marcados por el inicio de los Juegos Panamericanos de 2007, en Río de Janeiro se comenzó con una estrategia llamada “Pacificación”, que consistía en la inserción de un gran número de agentes policiales con el objetivo de combatir la inseguridad y el tráfico de drogas dentro de las favelas. Irónicamente, este hecho no trajo paz sino todo lo contrario. Lo más contundente fue el incremento de las muertes a manos de las fuerzas armadas o por la violencia derivada de su presencia. De ahí que sea ilustrativo que, de acuerdo con Fundo Brasil dos Direitos Humanos (s.f), de 2008 a 2013 se contabilizaron los asesinatos de 11,197 personas por oficiales de la Policía Militar (PM).

El programa se dió por “concluido” en 2018 tras no cumplir con los objetivos (Souza, Barbosa, Simão en de Andrade y Veillette, 2021) pero, la PM no ha cesado desde entonces sus funciones dentro de las favelas y los actos de control, vigilancia y violencia continúan. En otras palabras, se mantiene una completa militarización del espacio por parte del Estado brasileño, en el sentido en que es funcional para el disciplinamiento de las corporalidades racializadas que allí habitan y cuyas vidas pueden y deben de ser eliminadas.

Lo anterior tiene su máxima representación en el asesinato de miles de jóvenes negros y negras cada año.[2] Este hecho por sí mismo es devastador, sin embargo, en ocasiones no es percibido la magnitud del mismo y el impacto que tiene en otras personas. Con esto me refiero a lo que experimentan quienes sobreviven a ese acto, es decir, familiares que en la mayoría de los casos son mujeres como madres, compañeras o hermanas.

Estas historias generalmente no son consideradas ni recolectadas debido a que la estadística se centra en la recopilación del número de muertes y, en ella, los hombres ocupan el mayor porcentaje. Las vivencias de estas mujeres importan, incluso cuando no es a ellas a quienes directamente atacan las balas, porque la violencia no puede reducirse a un número. Importan porque en ellas queda un sentimiento desgarrador por la pérdida de un ser querido que envuelve rabia, desesperación, profunda tristeza y, en ocasiones, enfermedades.

Por otra parte, estas mujeres también vuelven a experimentar actos de violencia cuando intentan buscar justicia. Son minimizadas y abandonadas por un sistema de total impunidad que no considera importante las vidas de las personas negras y que no garantiza en ningún momento la reparación del daño. “Superar la pérdida, enfrentar sus consecuencias y transformar el dolor y el luto en coraje y perseverancia acaba convirtiéndose prácticamente en un esfuerzo individual y solitario” (Moura, 2007, p. 95).

A pesar de ello, la realidad dicta que la individualización de su lucha no ocurre pues aquellas madres, esposas e hijas encuentran respaldo en donde históricamente lo han tenido: otras mujeres negras, a quienes une la doloridad. Doloridad, que es aquel sentimiento de “vacío, ausencia, de no poder hablar, el dolor causado por el racismo. Ese dolor negro” (Piedade, 2017, s/p). Por lo tanto, entre y desde ellas se tejen redes de resistencia que les permite confrontar y cuestionar el orden social racista, militarista, colonial y patriarcal impuesto en Brasil.

Sus voces y sus acciones son un constante recordatorio de la injusticia y de la desigualdad, pero también de un legado histórico de mujeres negras que han luchado en el territorio brasileño a través de manifestaciones, acompañamiento y un hacer política distinta, es decir, desde una base de organización comunitaria. Marielle Franco[3] hoy es símbolo de ese movimiento, un símbolo que tras su asesinato también representa el peligro que esas mujeres corren por cuestionar un orden social racista tan bien cimentado. No obstante,  la lucha sigue y como ella misma expresó,  as rosas da resistência nascem no asfalto.[4]


[1] Se entiende como militarización el uso de las fuerzas armadas que, bajo una lógica bélica, desarrolla funciones originalmente atribuídas al orden civil como lo es la seguridad pública. Lo que deriva en la concepción del espacio público como un campo de batalla (de Mattos, 2019).

[2] De acuerdo con el Atlas da Violência (Cerqueira, D; et. al. 2021) Río de Janeiro en 2019 fue el estado de Brasil con mayor número de muertes violentas. Ese mismo año, según datos del Mapa da Desigualdade (Casa Fluminense, 2020), 78% de los asesinatos cometidos por agentes del Estado tuvieron como víctimas a personas negras.

[3] Marielle fue una mujer negra habitante de la favela de Maré y socióloga con maestría en Administración Pública, que mantuvo un activismo político en contra de la violencia policial dentro de las favelas de Río de Janeiro, así como por  los derechos de  las mujeres y personas lgbt+. Lamentablemente, el 14 de marzo de 2018 fue asesinada en un atentado en el que dispararon 13 veces contra el vehículo en el que se transportaba. Hasta el día de hoy no se sabe quién la mandó matar y por qué.

[4] Traducción: Las rosas de la resistencia nacen en el asfalto. Esto podemos interpretarlo como un mensaje para continuar haciendo frente a la violencia policial que se vive en las favelas aunque las condiciones sean adversas.


Referencias:

  • Barrios, D. (2020). Cidade maravilhosa, ciudad neoliberal, ciudad sádica… Río de Janeiro en la vuelta del siglo. Territorio y violencia. Construcción de identidades. s.d. pp. 101-111.
  • Cerqueira, D; et. al. (2021). Atlas da Violência. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/12/atlas-violencia-2021-v7.pdf
  • Casa Fluminense. (2020). Mapa da desigualdade. [mapa]. https://casafluminense.org.br/mapa-da-desigualdade/

● Dahmer, T. (2022). Militarização e judicialização: resistências de mulheres em favelas do Rio de Janeiro. Revista Libertas, 22(2), pp. 383-402.

● de Andrade, N., Veillette, A. (2021). Mulheres de favelas e o (outro) feminismo popular. Revista Estudos Feministas, 30(1), pp. 1-14.

● de Mattos, L. (2019). Militarização e democracia no Rio de Janeiro: efeitos e legados da “pacificação” das favelas cariocas. Revista Ensaios. 14, pp. 80-98.

● Franco, M. (2014). UPP – A redução da favela a três letras: uma análise da política de segurança pública do estado do Rio de Janeiro. [Tesis de maestría, Universidade Federal Fluminense]. Repositorio institucional UFF. https://app.uff.br/riuff/handle/1/2166.

● Fundo Brasil dos Direitos Humanos. (s.f.) Cartilha pela desmilitarização da Polícia y da Política. https://desmilitarizar.wordpress.com/materiais/

● Gonzalez, L. (2020). Por um feminismo afro-latino-americano: ensaios, intervenções e diálogos, Zahar.

● Moura, T. (2007). Rostos invisíveis da violência armada: um estudo de caso sobre o Rio de Janeiro. 7Letras.

● Melino, H; Gomes, T; Nascimento, A; Sales, I; Viana, N; Willadino, R. (2022). Violência contra mulheres e letalidade feminina no Rio de Janeiro. Observatório de favelas.

● Piedade, V. (2017). Dororidade. Nós. https://doceru.com/doc/s0vv5s0

La militarización ante la violencia por el narcotráfico: el Culiacanazo

Tania Pamela Moreno Alvarado

Un impacto de bala junto a una imagen religiosa en la entrada al pueblo. Gladys Serrano/El País

La militarización en México es un tema cada vez más frecuente entre la población. Militares en proyectos para el llamado “desarrollo” y otras infraestructuras, el Ejército siendo parte de las tareas de la policía civil, la nueva Guardia Nacional custodiando el Metro de la Ciudad de México. Los papeles que les asigna el gobierno los ponen cada vez más cerca de la sociedad. Enfrentar la violencia que genera el crimen organizado y otros grupos delictivos a través del uso del Ejército y Fuerzas Armadas ha sido una prueba tangible de esta militarización.

En 2006 empieza la denominada “Guerra contra las drogas“ por parte del presidente Felipe Calderón, una “guerra” fallida que dio como resultado el incremento de la violencia, los homicidios y las desapariciones forzadas a lo largo de todo el país. De acuerdo con diversas fuentes oficiales, las denominadas “narcoejecuciones” tuvieron un alza entre 2007 y 2011[1], y en ellas, además, ocurrieron aproximadamente 26 mil desapariciones.[2]

Lo anterior deja ver a un Estado fallido, débil y con un cuerpo militar rebasado por el narcotráfico. Siguiendo a los investigadores Jonathan D. Rosen y Roberto Zepeda,

Calderón militarizó la guerra contra las drogas con el fin de capturar o matar (si se resistían) a los principales líderes del narcotráfico. Recurrió al Ejército y la Marina porque las fuerzas policiacas no eran confiables, ya que estaban invadidas por la corrupción.[3]

Si bien la militarización como respuesta ante el narcotráfico no es algo exclusivo del sexenio de Felipe Calderón, pues se ha presentado desde años previos, el mayor despliegue de fuerzas militares data del 2006, año en el que el presidente Calderón inicia la “batalla” contra el crimen organizado.[4] Junto con ello, se presentó una alza en las violaciones de derechos humanos, torturas y desapariciones, en contra de la población civil, todas ellas a manos de militares. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), desde el final del 2006, México ha recibido más de 6.000 denuncias de abusos contra los derechos humanos perpetrados por las fuerzas armadas mexicanas.[5] Aquí radica la preocupación.

A pesar de los estragos evidentes en las dolorosas cifras de la fallida guerra contra las drogas, en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha llevado a cabo un reforzamiento de la militarización en el país. La justificación de dicha militarización sigue siendo la misma: la incapacidad de las instituciones y la policía para combatir la violencia debido a la corrupción existente en ellas. ¿Ha disminuido la violencia? El Culiacanazo demuestra que no.

Cunas de la miltarización en el país: Sinaloa

Desde hace algunas décadas, Sinaloa, uno de los puntos focales en donde se han concentrado originariamente grupos del crímen organizado,  ha sido el territorio que muestra de manera más clara la militarización del país, bajo el supuesto de que eso disminuirá los niveles de violencia y permitirá la desarticulación de los cárteles que operan en el Estado. Con la llegada en 2017 de un nuevo gobernador, Quirino Ordaz Coppel, dicha militarización fue clara, pues se encargó de nombrar a un militar como Secretario de Seguridad estatal, a otro como subsecretario, y a otro más como director de la Policía Estatal Preventiva, acercando a los militares cada vez más a las tareas de la policia civil, a la cotidianeidad de las y los habitantes del territorio.[6]

El objetivo central de esta militarización en el estado parte de la disminución de la violencia por el crimen, generando una estrategia de segurida, desde un enfoque tradicional para alcanzar intereses de la nación como el bienestar de las y los ciudadanos. Sin embargo, el llamado “jueves negro”[7] en el que Fuerzas Armadas intentaron detener  a Ovidio Guzmán, hijo del  narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, que después fue liberado, en uno de los territorios más militarizados, demostró que esa no tiene que ser ni es la solución.

De acuerdo con las versiones oficiales de la prensa nacional, el 17 de octubre del 2019, las Fuerzas Armadas llevaron a cabo la detención de Ovidio Guzmán, un sicario de alto rango del Cártel de Sinaloa e hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. Esto desencadenó una serie de enfrentameintos entre los grupos delictivos y militares y policias. Miembros del cártel tomaron las calles y comenzaron a causar pánico en la sociedad. Michael Lettieri, junto con Philip Johnson y Cecilia Farfán-Méndes,  mencionaron al respecto que:

La respuesta del cártel frenó toda actividad en la ciudad. Los hombres armados iban en camionetas, tomaron el control de puentes y sitiaron las vialidades principales de la ciudad. Detuvieron camiones y autobuses por la fuerza, los vaciaron y les pusieron fuego en las encrucijadas de la ciudad, produciendo grandes columnas de humo. Las personas que se encontraban en restaurantes, supermercados y gasolineras se tiraron al suelo o corrieron para resguardarse, mientras que los sicarios y soldados se dispararon entre sí.[8]

Aquel  día, 55 prisioneros de Aguarato de Culiacán escaparon y tomaron puntos estratégicos en toda la ciudad;[9] para el 19 de octubre, ante la falta de control de la situación, el presidente Andrés Manuel ordenó la liberación de Ovidio Guzmán declarando que no valía más la captura de un delincuente que la vida de las personas que habitaban Culiacán. 

La violencia trastocó profundamente el orden social y se vislumbró que las Fuerzas Armadas no son la solución ante la complejidad del problema del crimen. El miedo y el terror que se vive ha sido una constante en esta ciudad, miedo y terror que permanece hasta el día de hoy.

El periodista Javier Valdez en una crónica para el periódico La Jornada relata lo siguiente:

Calles cerradas, helicópteros volando, militares y policías por todos lados, en cada esquina. Ahora nadie pita a otro, menos una mentada. Hay mucho miedo. En todos los semáforos la gente voltea a ver de reojo al otro conductor. Si es una troca, no avanza hasta que ésta se va.[10]

Lo sucedido en Culiacán, Sinaloa, dejó ver lo ya evidente desde sexenios anteriores: la militarización no es, ni será la respuesta ante la violencia derivada del narcotráfico. Al contrario, la presencia militar acrecienta los niveles de violencia, desapariciones y homicidios.

El Culiacanazo queda en la memoria de todxs, es un recordatorio de cómo las Fuerzas Armadas del país fueron rebasadas por los grupos criminales, y de cómo el gobierno fue incapaz de afrontar el estado de violencia que azota a todo México.

El país no necesita más militares en las calles sino necesita mejores políticas públicas, instituciones fuertes para enfrentar problemas como la corrupción y la desigualdad, y un mejoramiento del sistema de justicia. Es necesario poner en el centro de la discusión una seguridad más integral y holística antes que los enfoques de la seguridad tradicional.

Bibliografía

Amnistía Internacional. “México: Los casos de abusos del ejército Mexicano deben ser juzgados por tribunales civiles”, Amnistía Internacional, 2011, Disponible en: https://www.amnesty.org/es/documents/pre01/560/2011/es/

D. Rosen, Jonathan y Zepeda, Roberto. “Una década de narcoviolencia en México: 2006-2016”, [en línea], Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, 2016 Disponible en: https://www.casede.org/PublicacionesCasede/Atlas2016/JonathanD_Rozen_Roberto_Zepeda.pdf

Lettieri, Michael, Johnson Philip y Farfán-Mén, Cecilia, “Culiacán interpretaciones sobre la violencia y memoria”, Centro de Estudios México-Estados Unidos, 2020, Disponible en: https://revistaespejo.com/wp-content/uploads/2020/10/Culiacan-Intepretacion-Violencia-Memoria-fnl-.pdf

L. Menéndez, Eduardo, “Violencia en México: las explicaciones y las ausencias”, Altereidades, 2012, Disponible en: https://www.scielo.org.mx/pdf/alte/v22n43/v22n43a12.pdf

Meza, Silber, “Sinaloa:cuna del narco y símbolo de la militarización de México”, Efecto Cocuyo, 04 de diciembre de 2021, Recuperado de: https://efectococuyo.com/internacionales/sinaloa-cuna-del-narco-y-simbolo-de-la-militarizacion-de-mexico/

Valdez, Javier, “El Ejército ocupa Culiacán y Navolato, en un intento por abatir ola de violencia”, La Jornada, 2008, Disponible en: https://www.jornada.com.mx/2008/05/14/index.php?section=politica&article=012n1pol


[1] Rafael López y M. del Pozo, “27 ejecutados al día”, Milenio, 1 de diciembre de 2012.

[2] Notimex, “Segob da a conocer lista de 26,000 desaparecidos,” El Financiero, 12 de diciembre de 2014.

[3] Jonathan D. Rosen, y Roberto, Zepeda,. “Una década de narcoviolencia en México: 2006-2016”, [en línea], Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, 2016 Disponible en: https://www.casede.org/PublicacionesCasede/Atlas2016/JonathanD_Rozen_Roberto_Zepeda.pdf

[4] Claudia Herrera, “El gobierno se declara en guerra contra el hampa; inicia acciones en Michoacán”, en La Jornada 12 de diciembre de 2006 Disponible en: https://www.jornada.com.mx/2006/12/12/index.php?section=politica&article=014n1pol

[5] Amnistía Internacional. “México: Los casos de abusos del ejército Mexicano deben ser juzgados por tribunales civiles”, Amnistía Internacional. 2006, Disponible en: https://www.amnesty.org/es/documents/pre01/560/2011/es/

[6] Silber, Meza, “Sinaloa:cuna del narco y símbolo de la militarización de México”, Efecto Cocuyo, 04 de diciembre de 2021, Disponible en: https://efectococuyo.com/internacionales/sinaloa-cuna-del-narco-y-simbolo-de-la-militarizacion-de-mexico/

[7] ibidem.

[8] Michael Lettieri, Philip Johnson y Cecilia Farfán-Méndes, “Culiacán interpretaciones sobre la violencia y memoria”, Centro de Estudios México-Estados Unidos, 2020, Disponible en: https://revistaespejo.com/wp-content/uploads/2020/10/Culiacan-Intepretacion-Violencia-Memoria-fnl-.pdf

[9] ibidem

[10] Javier Valdez, “El Ejército ocupa Culiacán y Navolato, en un intento por abatir ola de violencia”, La Jornada, 2008, Disponible en: https://www.jornada.com.mx/2008/05/14/index.php?section=politica&article=012n1pol