Ecocidio militar para el mantenimiento de la seguridad: la justificación de la huella ecológica de los aparatos militares

Maria Fernanda Chávez Aguilar

Centro Delàs de Estudios por la Paz

A lo largo de la historia moderna, la seguridad fue consolidada como un constructo central para la organización de la vida. Este concepto, construido por filósofos y políticos europeos y que etimológicamente hace referencia a un estado libre de preocupación, amenazas o problemas, ha acompañado la producción de la realidad hegemónica como la conocemos. Este acompañamiento se ha realizado a través de uno de los mecanismos paralelamente generado con la seguridad:  el aparato militar. Frente a una crisis socioambiental que amenaza la continuidad de la vida, la seguridad, aún centrada en una agenda político-militar, ve necesaria su reconfiguración para mantener el orden y control que generó a costa de la vida.

La configuración de la seguridad

Desde los enfoques de pensamiento hegemónicos, europeos y luego estadounidenses, se deja claro ya que en las primeras formaciones de grupos humanos, la seguridad se encontraba presente como necesidad básica. En el estado de naturaleza descrito por el Leviatán de Hobbes se mostraba una humanidad en guerra, de “todos contra todos”, un estado de constante riesgo o amenaza frente a un otro del que necesitaba protegerse (sentirse seguro).

La creación de Estados-nación fue clave para alcanzar tal seguridad, que se tradujo en marcos jurídicos para la protección del territorio y la salvaguarda de sus “recursos”[1], y que, además, generaban grandes capitales a las élites en el poder. Para mantener la seguridad construida, se requirió de instrumentos eficaces para el control, que en este caso fueron grandes fuerzas armadas. Desde esa visión, la seguridad era un estado a alcanzar a través de la creación de mayores aparatos militares.

Durante la primera mitad del siglo XX, la seguridad se vinculó directamente con los estudios de guerra, militarización, estrategia y geopolítica, que no hablan de seguridad como en la actualidad sino de defensa, guerra o conflicto. Ya entrado el siglo, después de la Segunda Guerra Mundial, se comenzó a hablar de seguridad como categoría y, de hecho, se convirtió en uno de los constructos clave para la forma en que el sistema internacional se edificó, especialmente en el ordenamiento de poder que se configuró en su interior.[2] Si bien, como Sandra Zavaleta establece, durante la Guerra Fría fueron variadas las concepciones sobre la seguridad, el entendimiento de esta siguió dominado por la agenda político-militar,[3] en un estado de paz únicamente entendido como aquel que se encontraba en ausencia de guerra, que siguió –y sigue– sin alcanzarse.

Para finales de la década de los noventas y con la globalización, el enfoque unidireccional de la seguridad enfocado en el uso de la fuerza militar y el aseguramiento del Estado dentro de sus fronteras, y fuera de ellas, trató de trascender para concebir la seguridad con una perspectiva multidimensional, históricamente subordinada o invisibilizada, que supuestamente involucraría la atención de necesidades “más humanas”. Es aquí que surge la “seguridad humana” que hace referencia a la protección de lo que determinados actores consideren como “libertades fundamentales” atentadas por distintas “amenazas”.[4]

Si bien desde el discurso la noción de seguridad humana aparecía como una importante solución para los problemas que aquejan a la humanidad, como la degradación ambiental, que no pueden ser resueltos con los medios tradicionales (fuerza militar), en la realidad esta mostró continuar sirviendo a los propósitos de una élite con intereses específicos –una humanidad específica– ocupando a mayor escala los medios de la seguridad tradicional como los aparatos militares. Estas fuerzas, con el enfoque antropocéntrico del pensamiento moderno hegemónico, siguieron concibiendo a las vidas humanas y no humanas (como la naturaleza) como objetos a controlar y dominar.

Entonces, el enfoque de la seguridad centrado en la esfera militar frente a la degradación se acrecienta en pleno siglo XXI, y continúa reconfigurándose para justificar su posición. Aunque existen pruebas evidentes del daño irreversible que han dejado en el planeta y las especies que en él habitan, incluyéndonos, estas son invisibilizadas. Por tal motivo, resulta necesario analizar el ecocidio que se articula desde la esfera militar para añadir argumentos para su urgente eliminación. 

La huella de la militarización

Al analizar la huella ecológica[5] que deja en el planeta el ejército estadounidense, el más grande del mundo, las pruebas son contundentes. Para Neta Crawford, con las actividades bélicas estadounidenses se generan gases de efecto invernadero (GEI) a gran escala desde siete esferas:

  1. Emisiones generadas por las instalaciones (como bases militares que hoy suman casi 800 en el mundo) y operaciones no bélicas,
  2. Emisiones causadas por la industria militar, por ejemplo, para la producción de armas y municiones,
  3. Aquellas relacionadas con la guerra en operaciones de contingencia en el extranjero,
  4. Las emisiones causadas por el ataque directo a infraestructura petrolera, es decir, la quema deliberada de pozos de petróleo y refinerías,
  5. Las fuentes de emisión de otros países beligerantes,
  6. La energía consumida por la reconstrucción de infraestructura dañada y destruida, y
  7. Las emisiones de otras fuentes como explosiones o incendios.[6]

Según datos de Crawford, en el periodo 2010-2018, un total de 593 millones de toneladas métricas de CO2 fueron liberadas a la atmósfera como consecuencia de las operaciones militares estadounidenses; un promedio de 66 millones de toneladas métricas anuales, que serían el equivalente al 15% del total de emisiones de GEI emitidas por el sector residencial en Estados Unidos.[7] Si se considera un rango más amplio, de 1975 a 2018, las emisiones totales sumarían 3,685 millones de toneladas métricas de CO2 equivalente.[8] Lo anterior sólo es lo generado por Estados Unidos, pero a nivel mundial, Maritza Islas rescata que los ejércitos generan entre 5 y 6% de las emisiones de carbono totales emitidas.[9]

Estos datos sobre emisiones son clave en el análisis debido a que estas últimas no están sujetas a regulación climática por provenir del ejército (el elefante rosa en medio de la sala del cual nadie habla)[10] y han sido justificadas por razones de seguridad ya enunciadas. No es fortuito que la institución que más consume combustibles fósiles, el principal causante del aumento alarmante de las emisiones de GEI, es el Departamento de Defensa de Estados Unidos.[11]

La emisión de GEI es hoy la principal causante del cambio climático y, por tanto, de la degradación ambiental que amenaza nuestra existencia en el planeta. La seguridad que se ha impuesto en el mundo, en su forma tradicional, humana y también ambiental[12] no ha servido para detener la crisis ambiental sino que, paradójicamente, la acrecientan. Hoy, de acuerdo con David Herrera, el Departamento de la Defensa de Estados Unidos ha incluido al cambio climático dentro de su agenda como un riesgo a la seguridad nacional estadounidense;[13] empero, su preocupación se encuentra en la forma en que afecta a sus instalaciones, en la adaptación que se debe generar para asegurar sus fuentes de aprovisionamiento.

Es difícil rastrear las emisiones generadas por el sector militar a lo largo de la historia, pues no hay transparencia en esos datos, sin embargo, con las cifras obtenidas en los últimos años es algo imaginable. No hace falta ser experta para dimensionar el efecto en el ambiente de cientos de bombas nucleares lanzadas desde su construcción  de la contaminación generada por infraestructuras militares o, incluso, la cantidad de materia y energía consumida por uno de los sectores con más presupuesto en el mundo.

En la actualidad, los aparatos militares controlados por una minoría en el mundo no sólo generan emisiones desde sus propias actividades sino también desde aquellas formaciones en las que se encuentran involucradas. De esta manera, se genera una ultramilitarización de la modernidad capitalista, es decir, del involucramiento del sector militar en los más amplios y diversos procesos sociales, como, por ejemplo, en la generación de megaproyectos y grandes infraestructuras para la continuación de la acumulación de capital. Así, los “asuntos de seguridad” se siguen sobreponiendo ¿a qué costo? Y las interrogantes continúan, ¿seguridad para quién?

Fuentes consultadas

Buxton, Nick, “The elephant in Paris – the military and greenhouse gas emissions”, en Transnational Institute, 2015.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Asociación Latinoamericana de Derecho Ambiental (ALDA), Política, derecho y administración de la bioseguridad en América Latina y el Caribe, México, CEPAL, PNUMA, ALDA, 1999.

Commission on Human Security: Human Security Now, Nueva York, Estados Unidos, 2003.

Crawford, Neta C., “Pentagon Fuel Use, Climate Change, and the Costs of War”, en Costs of War, Watson Institute International & Public Affairs – Brown University, p. 14, disponible en: https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/Pentagon%20Fuel%20Use%2C%20Climate%20Change%20and%20the%20Costs%20of%20War%20Revised%20November%202019%20Crawford.pdf, [consultado el 30 de noviembre de 2023].

Herrera Santana,  David, “Militarización y cambio climático. La geografía mundial de ocupación militar estadounidense y la huella ecológica del Pentágono”, en Revista de Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, disponible en: https://revistafyl.filos.unam.mx/militarizacion-y-cambio-climatico-la-geografia-mundial-de-ocupacion-militar-estadounidense-y-la-huella-ecologica-del-pentagono/ [consultado el 01 de diciembre de 2023].

Islas Vargas, Maritza,  “Militarización y cambio climático: una mancuerna peligrosa”, en Nexos, 23 de enero de 2023, disponible en: https://medioambiente.nexos.com.mx/militarizacion-y-cambio-climatico-una-mancuerna-peligrosa/#_ftnref3 [consultado el 24 de noviembre de 2023].

Lander, Edgardo, “Los límites del planeta y la crisis civilizatoria. Ámbitos y sujetos de las resistencias”, en Transnational Institute, p. 6, disponible en: https://www.tni.org/files/Los%20l%C3%ADmites%20del%20planeta%20y%20la%20crisis%20civilizatoria%20.pdf [consultado el 30 de noviembre de 2023].

Urteaga, Luis, SOBRE LA NOCIÓN DE “RECURSO NATURAL”, disponible en: https://www.ub.edu/geocrit/sv-90.htm [consultado el 12 julio de 2023].

Zavaleta Hernández, Sandra Kanety, “La seguridad y el desarrollo en la sociedad internacional del siglo XXI. Breve introducción” en Sandra Kanety Zavaleta Hernández (coord.), Seguridad y desarrollo. Riesgos Globales, Desigualdades y  Resistencias, México,  Universidad Nacional Autónoma de México, 2022.


[1]  La palabra “recurso” será entrecomillada o escrita en cursiva ya que, para mí, llamar a la naturaleza “recurso” es considerarla únicamente en función de su valor de cambio, es decir, con base en la funcionalidad para el ser humano, específicamente para el capital. Para más información sobre tal postura, consultar a Luis Urteaga, SOBRE LA NOCIÓN DE “RECURSO NATURAL”, disponible en: https://www.ub.edu/geocrit/sv-90.htm [consultado el 12 julio de 2023].

[2] Sandra Kanety Zavaleta Hernández, “La seguridad y el desarrollo en la sociedad internacional del siglo XXI. Breve introducción” en Sandra Kanety Zavaleta Hernández (coord.), Seguridad y desarrollo. Riesgos Globales, Desigualdades y  Resistencias, México,  Universidad Nacional Autónoma de México, 2022.

[3] idem.

[4] Commission on Human Security: Human Security Now, Nueva York, Estados Unidos, 2003.

[5] La huella ecológica es un indicador que mide “el conjunto de los impactos que ejerce la actividad humana sobre su entorno” y es definida como “[…] el área total de la superficie requerida para la producción de los bienes consumidos, así como para procesar los desechos de un individuo, comunidad, región… humanidad”. Edgardo Lander, “Los límites del planeta y la crisis civilizatoria. Ámbitos y sujetos de las resistencias”, en Transnational Institute, p. 6, disponible en: https://www.tni.org/files/Los%20l%C3%ADmites%20del%20planeta%20y%20la%20crisis%20civilizatoria%20.pdf [consultado el 30 de noviembre de 2023].

[6] Neta C. Crawford, “Pentagon Fuel Use, Climate Change, and the Costs of War”, en Costs of War, Watson Institute International & Public Affairs – Brown University, p. 14, disponible en: https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/Pentagon%20Fuel%20Use%2C%20Climate%20Change%20and%20the%20Costs%20of%20War%20Revised%20November%202019%20Crawford.pdf, [consultado el 30 de noviembre de 2023], tomado de Maritza Islas Vargas, “Militarización y cambio climático: una mancuerna peligrosa”, en Nexos, 23 de enero de 2023, disponible en: https://medioambiente.nexos.com.mx/militarizacion-y-cambio-climatico-una-mancuerna-peligrosa/#_ftnref3 [consultado el 24 de noviembre de 2023].

[7] idem.

[8] idem.

[9] Maritza Islas Vargas, op. cit.

[10] Nick Buxton, “The elephant in Paris – the military and greenhouse gas emissions”, en Transnational Institute, 2015.

[11] Maritza Islas Vargas, op. cit.

[12] La seguridad ambiental es parte de las siete esferas que conforman a la seguridad humana y hace referencia a la situación en la que una persona o una colectividad humana se encuentra lo más exenta posible de daños ambientales que puedan amenazar su existencia o deteriorar la calidad de su vida, así como hacerla víctima de esos daños. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Asociación Latinoamericana de Derecho Ambiental (ALDA), Política, derecho y administración de la bioseguridad en América Latina y el Caribe, México, CEPAL, PNUMA, ALDA, 1999.

[13] David Herrera Santana, “Militarización y cambio climático. La geografía mundial de ocupación militar estadounidense y la huella ecológica del Pentágono”, en Revista de Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, disponible en: https://revistafyl.filos.unam.mx/militarizacion-y-cambio-climatico-la-geografia-mundial-de-ocupacion-militar-estadounidense-y-la-huella-ecologica-del-pentagono/ [consultado el 01 de diciembre de 2023].

La transescalaridad de la militarización global: La ciudad de Yibuti y el desarrollo espacial colonial-capitalista

Milhaud, 2023

Reflexionar sobre la espacialización de los procesos sociales contemporáneos no es para nada un ejercicio ocioso. Pensar la producción de la escala y las tendencias militaristas tampoco lo es. Más bien, abordarles es comprender que se está frente a un mundo de producción compleja, pero en cuya raíz se perpetúan formas de control y vigilancia al más puro estilo punitivo y carcelario. Este breve escrito busca dar algunas pinceladas sobre la política de la escala y de la militarización en tanto que ambas se imbrican para producir un régimen geopolítico/biopolítico totalizante (Herrera, 2021).

            En ese sentido, es pertinente partir de una postura teórico-política vinculada con la producción del espacio social lefebvriano, aunque esta vez más cercana a los niveles de interacción socio-espacial diferenciados, es decir, las escalas. Bajo esta premisa, el espacio se integra a partir de una relación dialéctica en el que la sociabilidad configura un espacio de realización, mientras que este mismo va delimitando las formas adoptadas por las relaciones sociales existentes.

            En este arreglo, el sistema de producción dominante, es decir, capitalista, funge un papel nodal al apropiarse y guiar buena parte de las relaciones sociales. Esta reflexión, en términos de una burda simplificación, lleva al capitalismo a pensar la producción del espacio como una condición necesaria para su reproducción. En palabras de Lefebvre, el capitalismo no sobrevive si no es a partir de la producción activa de una espacialidad a fin (Lefebvre, 2013).

Brenner asegura, de manera acertada, que se habita un mundo en cuya experiencia se encubren procesos socio-territoriales como la urbanización, regionalización y globalización en favor de conceptos que se configuran como representaciones estáticas, e.g. urbano, regional, global, que denotan más bien “islas” que se encuentran supuestamente separadas de las relaciones sociales (Saracho, 2020, p. 72). En el encubrimiento de los procesos de producción espacial, entonces, no sólo se deja de lado el carácter socio-político de su configuración, sino que se dejan de lado las imbricaciones mutuas de todos los niveles espaciales. Esta última afirmación es la que contiene a la transescalaridad como apuesta teórico-metodológica.

La denuncia de Brenner, en realidad, no sólo abre una propuesta novedosa per se, sino que conduce a un capítulo de la propia forma productiva espacial del capital: la fragmentación y su normalización. Esta parcelación, o pulverización, parte del mismo carácter apropiador del capital en forma de privatización, pero también de la intervención científica y del despliegue en forma de disputa por los sujetos que actúan con el espacio y sobre él, es decir, los Estados nacionales, las transnacionales, comunidades, etc. (Herrera, 2019, p. 46).

            El orden fragmentario, instrumentalizador y productor de desigualdades, conduce a pensar a la escala como una tecnología del ordenamiento espacial, como una formación que juega una suerte de eje tanto igualador espacio-temporal de las diferencias y como productor de las mismas. En este orden, los sujetos se convierten en objetivos cuya vida queda vinculada con la asignación funcional al complejo sistema de relaciones desigualmente diseñado.

De esta manera, el control efectivo de los flujos de capital y de personas es imposible sin la implantación de expresiones de gubernamentalidad en las que la escala misma juega un papel importante, así como la militarización. La afirmación de la militarización, desde esta perspectiva, no se logra sino es a partir de la aceptación de la escala y de su producción activa.

El ensamble histórico particular en el Cuerno de África lleva a pensar la militarización y a la producción escalar en término sinérgicos en donde “los lugares de producción, transporte, las comunicaciones y las cadenas logísticas globales, así como las zonas residenciales, recreativas y comerciales […] [se encuentran cada vez más] protegidas por el aparato militar global” (Robinson, 2021, p. 265).

            Dentro de esta conjunción de complejas redes de relaciones, un espacio de extensiones geográficas reducidas se proyecta como un lugar excepcional en tanto a la explicación del funcionamiento de los procesos de producción escalar y de militarización actuales. Yibuti, un pequeño país del Cuerno de África, se convierte en una escala de reproducción de la militarización global.

En este proceso de trastocamiento, el orden de la competencia colonial-imperial entre Gran Bretaña y Francia fue fundamental para la instauración de representaciones socio-espaciales dedicadas a la producción fragmentaria del espacio en su forma escalar. Durante el siglo XIX, la rivalidad entre británicos y franceses quedó de manifiesto en la actividad de los primeros sobre Egipto y la eventual apertura del Canal de Suez en 1869. Francia, por otra parte, estableció un depósito de carbón en Obock, un área cercana al canal y que en la actualidad es parte de la jurisdicción nacional de Yibuti (CountryWatch Incorporated, 2022).

Esta competencia pasa por la instauración de un régimen geopolítica/biopolítico particular ya enunciado arriba. Primero, y todo al mismo tiempo, produciendo el vaciamiento de una territorialidad, es decir, el continente africano, en tanto espacio de intervención y de disputa por parte de fuerzas coloniales de cara a su mantenimiento en la economía mundo-capitalista.

Después, en la instauración de centralizaciones en forma de flujos y sus respectivas relaciones de poder vinculadas con el paradigma securitario tradicional. Esto se deja ver en la producción de la ciudad de Yibuti como escala de administración a finales del siglo XIX, cuando la colonia francesa decide mudar la capital de los territorios conquistados de Obock a Yibuti en tanto este lugar había sido conformado como un puerto de fácil acceso hacia las regiones etíopes y como un importante lugar de tránsito y confluencia de caravanas comerciales (CountryWatch Incorporated, 2022, p. 8).

La condensación entre la pulsión política y la pulsión económica (Saracho, 2020, p. 20), implícita en este proceso, es decir, entre la necesidad de generar órdenes funcionales al control de los factores de producción en el lugar y la priorización de la libertad de los flujos para aumentar la circulación y, con ella, la acumulación, se dejó ver con la construcción infraestructural de la vía férrea franco-etíope, iniciada en 1897 (CountryWatch Incorporated, 2022, p. 8).

Esta intervención planteó, en lo sucesivo, la instauración de diferencias socio-étnicas que sostuvieron el régimen colonial en la zona, es decir, de la configuración de un régimen geopolítico/biopolítico vinculado con la competencia intercapitalista y colonial en favor de la extracción y la acumulación de valor. La materialización de estas diferencias fue en tanto la concreción de un muro al más puro estilo berlinés, así como en la diferenciación entre Issas y Afar, en cuya mediación estuvo presente la categoría socio-administrativa del  citoyen français (Bezabeh, 2011, p. 593).

Aún con la presencia colonial directa, sobre todo francesa, el proceso de militarización en Yibuti cobró mayor atención a partir del siglo XXI, en el contexto del imperativo de seguridad impulsado por el 9/11. Sin embargo, su apogeo y mediatización mayor se dio con el ascenso del número de elementos castrenses de múltiples nacionalidades en el territorio africano.

Yibuti en la actualidad tiene tropas estacionadas de diferentes nacionalidades en su territorio,  buena parte de las cuales se ubican en las zonas cercanas a la costa de la ciudad capital, convirtiéndose en una área profundamente militarizada. Por dar un ejemplo, el 5to. Regimiento de Ultramar de origen francés se encuentra estacionado en la ciudad con aproximadamente 2 mil tropas, cuyas misiones, hay que decir, son diversas pero que sirven al mantenimiento de la Operación Atalanta, creada para el entrenamiento y despliegue de fuerzas contra la piratería y acciones terroristas (Downs, Becker y de Gategno, 2017, p. 28).

Por si fuera poco, los EE.UU. tienen en Yibuti a su única base permanente en África. Camp Lemonnier, como se le conoce, alberga una rama de los servicios marítimos del ejército estadounidense, siendo el lugar con el mayor número de tropas militares del país norteamericano en el continente con más de 4 mil elementos (Downs, Becker y de Gategno, 2017, p. 28).

De manera reciente, la presencia militar en Yibuti se incrementó con la llegada de la República Popular China, como parte de su proyecto infraestructural de la Nueva Ruta de la Seda, a las costas del Golfo de Adén. Esta presencia se hizo constar en el año 2017 cuando se inauguró la primera base permanente del “gigante asiático” en territorio extranjero, en un zona históricamente poco vinculada con su influencia político-económica y sociocultural (Cabestan, 2019).

Además de la huella militar de estas potencias, en Yibuti confluyen elementos de España, Italia y Alemania, así como de Japón. Esta última nación es quien más tropas tiene al estacionar cerca de seiscientos soldados, mientras que los tres países de Europa occidental apenas llegan a estacionar más de trescientos (Down, Becker y De Gategno, 2017, p. 28).

Con esta manifestación concreta de la militarización global actual, queda por asegurar que Yibuti funciona como un pivote, no bajo los parámetros de la geopolítica clásica imperialista, sino como un lugar que hace una suerte de plataforma para la continuación de la totalidad del espacio militarizado, es decir, un espacio estratégico. Una lectura que piensa en clave estratégica desde la reproducción social y de la instauración de un orden de representación geopolítico/biopolítico que perpetúa la valorización del valor a través del despojo, el control y la vigilancia de los sujetos.

            Las reflexiones se alzan en favor de cuestionar a la escala y dotarle de un carácter procesual vinculado con la generación de regímenes geopolíticos/biopolíticos. Aún con estos breves esbozos sobre la escala, quedan de manifiesto otros temas pendientes. Ejemplo de ello, es la forma en que la escala corporal, especialmente en Yibuti, se transforma en un objeto de regulación y control.

Desontologizar la escala y dotarle de procesualidad es también romper con su fragmentación y jerarquización. Estos fragmentos y jerarquías son los mismos que deben romperse en el análisis sobre la militarización. Los valores, ideas y prácticas militaristas se reproducen y sostienen a lo largo de la producción escalar del mundo. En ella, la corporalidad y lo global son espacios por donde transita y se consolida. 

Fuentes de consulta

Bezabeh, S. A. (2011). Citizenship and the Logic of Sovereignty in Djibouti. African Affairs, 110(441), 587-606. Oxford University Press.

Brenner, N. (2003). La formación de la ciudad global y el re-escalamiento del espacio del Estado en la Europa Occidental post-fordista. Revista Eure, (86), 5-35.

Cabestan, J.-P. (2019). China’s Military Base in Djibouti: A Microcosm of China’s Growing Competition with the United States and New Bipolarity. Journal of Contemporary China, 1-17.

CountryWatch Incorporated. (2022). Djibouti Country Review. Estados Unidos: CountryWatch.

Downs, E., Becker, J., & de Gategno, P. (2017). China’s Military Support Facility in Djibouti: The Economic and Security Dimensions of China’s First Overseas Base. EE. UU: CNA.

Gandarilla S., J. G. (2012). Globalización: complejos militares, empresariales y estados nación. En Conceptos y Fenómenos fundamentales de nuestro tiempo (pp. 1-14). México: IIS-UNAM.

Herrera Santana, D. (2021). El Bíos, el Geo y la política: aproximaciones al régimen biopolítico/geopolítico. En D. Herrera S. y F. González L. (Coords.), Una geopolítica crítica. Debate sobre el espacio, las escalas y el desarrollo desigual (pp. 43-66). México: FFyL-UNAM/Fides Ediciones.

Herrera Santana, D. (2019). Geopolítica de la fragmentación y poder infraestructural. El Proyecto One Belt, One Road y América Latina. Geopolitica(s), 10(1), 41-68.

Herrera Santana, D. (2017). Seguridad tradicional, riesgos globales y militarización del espacio en el siglo XXI. En E. Hernández-Vela (Ed.) y S. K. Zavaleta Hernández (Coord.), Política Internacional. Temas de análisis 5 (pp. 25-42). México: FCPyS-UNAM/Ediciones del Lirio.

Lefebvre, H. (2013). La producción del espacio. Madrid: Capitán Swing.

Robinson, W. (2021). La militarización como control social y como acumulación. En El capitalismo global y la crisis de la humanidad (p. 265). México: Siglo XXI Editores.

Saracho López, F. J. (2020). La producción de las escalas. Una propuesta teórico-metodológica desde la Geopolítica negativa. En D. Herrera Santana (Coord.), Geopolítica. Espacio, poder y resistencias en el siglo XXI (pp. 65-82). México: Trama/FFyL-UNAM.

Swyngedouw, E. (2004). Globalisation or ‘glocalisation’? Networks, territories and rescaling. Cambridge Review of International Affairs, 17(1), 25-48.

A dos años del régimen talibán ya nada del invierno: la crisis humanitaria en Afganistán

Johana Montserrat Mendoza Salas

Wakil Kohsar

“Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera la necesidad de soñarlas”

-Martin Luther King

Tras dos décadas de intervención internacional, gobiernos fallidos e innumerables sacrificios, el 15 de agosto de 2021 el régimen talibán se establecía en la capital afgana, Kabul, mientras la retirada de las tropas estadounidenses se accionaba. En este sentido, hoy en día la segregación, represión e innumerables prohibiciones hacia las mujeres afganas perpetradas principalmente por grupos reaccionarios extremistas como los talibanes, además de la pobreza, hambruna y desestabilidad económico-política heredada del antiguo régimen talibán han ocasionado una profunda crisis humanitaria en Afganistán. 

De acuerdo con ACNUR (2022), alrededor de 3.5 millones de personas han sido desplazadas debido al conflicto, buena parte de la niñez no está recibiendo educación y la mitad de la población afgana padece hambruna aguda. Aunado a lo anterior, las duras condiciones del invierno que se aproxima se añadirán a la lista de preocupaciones que ya sufren millones de personas que han debido abandonar sus hogares a causa de conflictos o persecución dentro del país. 

Ahora bien, a inicios de 2023, muchos grupos de ayuda suspendieron parcialmente sus actividades debido a que la administración talibán dictaminó que la mayoría de las trabajadoras de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) no podían trabajar, lo que dejó a las agencias incapaces de operar muchos programas dentro del país. Así como lo afirmó Christian Jepsen, asesor regional de comunicaciones del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) “dado que nos hemos visto obligados a suspender todas nuestras operaciones debido a la prohibición de incorporar personal femenino a las ONG, actualmente no podemos ayudar a ninguna persona necesitada. La situación es muy grave” (Kumar, 2023).

Es allí donde recae el problema, puesto que, antes de la imposición del régimen talibán, cerca del “75% de los 9 mil millones de dólares del presupuesto del Estado en Afganistán se basaban en la ayuda internacional” (Ramond, 2023), la cual era mayoritariamente estadounidense. Esa ayuda representaba también el 40% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Sin ella, el primer presupuesto del Estado talibán, para enero de 2022, se estimaba en 450 millones de dólares, la mayor parte de los cuales procedían de los derechos de aduana y los impuestos que habían recaudado desde su llegada al poder (Ramond, 2023). Lo anterior denota, como la parte económica juega un papel importante en la dominación estructural sistémica occidental.

Además, el régimen se enfrenta a una crisis de liquidez, vinculada a las sanciones financieras estadounidenses y, en particular, a la congelación de unos 10 mil millones de dólares del banco central afgano. Actualmente, el gobierno talibán está intentando compensar la desaparición de la ayuda internacional y el efecto de las sanciones procurando aumentar las exportaciones, en particular de carbón (Requena, 2023). Es esencial destacar que, si bien, el régimen talibán actual y la intervención estadounidense en el país no han sido los únicos factores y actores involucrados en el actual desarrollo y crecimiento económico de Afganistán, sí han modificado estructuralmente el estilo de vida de la sociedad afgana.

El invierno apremia y el pueblo afgano no tiene cómo mantener el calor 

Si bien la crisis energética ha permeado a nivel global en los últimos dos años, esta tiende a profundizar cuando los países no pueden crear nuevas áreas de producción de energía, alcanzar fuentes alternativas y mucho menos importar energía debido a sus economías emergentes como en el caso de Afganistán. Actualmente, el país asiático está atravesando por un proceso difícil en términos energéticos. Se sabe que incluso en la capital del país, en otoño, sólo hay electricidad durante siete u ocho horas al día. 

Afganistán produce por sus propios medios aproximadamente el 30% de la energía del país y el resto es exportado desde los países vecinos: Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán (Abubakar, 2023). Sin embargo, los países mencionados tienen que reducir la cantidad enviada debido al aumento del consumo de energía en el periodo invernal en su propio territorio y, a pesar de que la administración talibán tiene dificultades para pagar la energía que recibe debido a problemas económicos desde su toma de poder, los estados vecinos siguen enviando energía al país, aunque con algunas deficiencias y recortes.

El invierno extremo ya ha agravado la miseria de los afganos que, como hemos apuntado anteriormente, ya sufren una crisis humanitaria sin precedentes por las innumerables intervenciones en su territorio a lo largo del tiempo, afectando a 28 millones de personas, quienes tiene problemas para conseguir el combustible que necesitan debido a los altos precios, de acuerdo con las últimas cifras de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU (ACNUR, 2022). El pueblo afgano no tiene un recurso económico con el que pueda adquirir combustibles que resuelvan el problema de la calefacción, así como la dificultad que experimenta para acceder a la electricidad. Esto ha llevado a que más de 160 personas murieran entre el 10 y el 25 de enero de 2023 y 70 mil cabezas de ganado perecieran a causa del frío en el país (CBC, 2023). 

La muerte de muchas personas resume la difícil situación por la que atraviesa la sociedad afgana y aunque los sitios de noticias y los medios de comunicación occidentales informan sobre la crisis, no toman ninguna medida concreta para resolver los problemas cada vez más profundos. Mientras los afganos presencian los cortes de electricidad en el país, el aumento de las temperaturas, hambruna y su consecuente amenaza a la vida de millones de personas en el país, el mundo occidental discute su propia crisis y estabilidad económica e ignora los problemas y desigualdades estructurales en Afganistán que han sido perpetrados por este mismo históricamente. Aunque cientos de personas perdieron la vida en un corto período de tiempo, no existe una iniciativa significativa del público internacional para resolver los problemas, lo que demuestra que el pueblo afgano está abandonado a su propia suerte y cae en una crisis multisectorial profunda.

Fuentes de consulta 

ACNUR. (22 de Noviembre de 2022). Emergencia en Afganistán. Obtenido de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados: https://www.acnur.org/emergencias/emergencia-en-afganistan#:~:text=Afganist%C3%A1n%20atraviesa%20una%20crisis%20humanitaria,son%20mujeres%2C%20ni%C3%B1as%20y%20ni%C3%B1os

ANI News. (15 de Noviembre de 2022). Afghanistan: Kabul residents complain of power shortage as winter approaches. Obtenido de ANI South Asia’s Leading Multimedia News Agency: https://www.aninews.in/news/world/asia/afghanistan-kabul-residents-complain-of-power-shortage-as-winter-approaches20221115232846/

CBC. (26 de Enero de 2023). Extreme cold in Afghanistan leaves more than 160 dead this month. Obtenido de CBC News: https://www.cbc.ca/news/world/afghanistan-cold-deaths-1.6726637

KAYA, E. (02 de octubre de 2023). The Deepening Energy Crisis in Afghanistan. Obtenido de Akara Center For Crisis and Policy Studies: https://www.ankasam.org/the-deepening-energy-crisis-in-afghanistan/?lang=en

Kumar, R. (17 de Enero de 2023). Al Jazeera. Obtenido de Afghans braving severe cold face stark choice: Food or warmth: https://www.aljazeera.com/news/2023/1/17/afghans-reel-from-exceptionally-cold-winter

Naciones Unidas. (11 de Noviembre de 2022). Factura récord de importación de alimentos, emisiones del sector industrial, invierno y desplazados… Las noticias del viernes. Obtenido de Noticias ONU Mirada Global Historias Humanas: https://news.un.org/es/story/2022/11/1516822

Naciones Unidas. (07 de Octubre de 2023). La paciencia y el diálogo con los talibanes, el único camino. Obtenido de Noticias ONU: https://news.un.org/es/interview/2023/10/1524672

Ramond, P. (15 de Agosto de 2023). 10 puntos sobre la situación en Afganistán, dos años después de la toma del poder por los talibanes. Obtenido de El Grant Continent: https://legrandcontinent.eu/es/2023/08/15/10-puntos-sobre-la-situacion-en-afganistan-dos-anos-despues-de-la-toma-del-poder-por-los-talibanes/

Requena, P. (2023). Afganistán año dos: crisis humanitaria, violación de los derechos humanos y apartheid de género. Obtenido de Documento de opinión IEEE: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2023/DIEEEO78_2023_PILREQ_Afganistan

Siddique, A. (27 de Enero de 2023). The Azadi Briefing: Afghanistan Plunged Into Darkness Amid Massive Power Outages . Obtenido de Radio Free Europe Radio Liberty: https://www.rferl.org/a/azadi-briefing-afghanistan-power-outages-ngos/32242485.html

La Responsabilidad de Proteger ¿Cuáles intereses? El caso de la intervención en Libia, 2011

Gabriela Morgado Cervantes

The New York Times

Al finalizar la Guerra Fría, el sistema internacional se enfrentó a un panorama caracterizado por el surgimiento de nuevas problemáticas y la complejización de las ya existentes. La seguridad, entendida desde una perspectiva tradicional-estatocéntrica, comenzó a ser insuficiente para responder a las crisis. Esto se denota en la dificultad de los Estados para dar respuesta a las nuevas dinámicas, lo cual se hace más evidente en los Estados que se encuentran en una condición de incapacidad de enfrentarse a problemáticas esenciales como las de seguridad menos tradicional, las cuales afectan directamente a la humanidad, como lo son las guerras, los genocidios, etc. En este contexto, junto a la concepción humana de la seguridad[1], surge la doctrina de la Responsabilidad de Proteger, por medio de la cual la sociedad internacional asume la Responsabilidad de Proteger a todos los individuos, sin importar su país, incluso cuando su propio Estado es incapaz de protegerlos (VanLandingham, 2012).

De acuerdo con la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados (2001), la Responsabilidad de Proteger implica otras responsabilidades como lo son: prevenir, reaccionar y reconstruir. Estas se pueden resumir en mecanismos de alerta, medidas preventivas y la posterior restauración de la paz. Estas tres responsabilidades sirven como antesala a la intervención, la cual debe ser el último recurso al enfrentarse a cierta problemática. Las intervenciones deben ser aprobadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y deben estar justificadas en una causa e intención correcta para así evitar el sufrimiento humano en la mayor medida posible.

El caso de Libia: la Dictadura y la Guerra Civil

Libia se ubica en el Norte de África, a lo largo del Mediterráneo, frente a Grecia e Italia.  A pesar de no contar con un suelo muy fértil, posee mucho petróleo y es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Después de la ocupación italiana (de 1912 a 1942) y posteriormente de Reino Unido y Francia (entre 1947 y 1951)[2], durante 42 años Libia fue gobernada por el líder autoritario Muamar Gadafi, quien realizó diversas reformas nacionalistas como la reforma agraria, nacionalización de la industria petrolera, impulsó un sistema de seguridad social, asistencia médica gratuita, entre otras (Bearman, 1986). Asimismo, fomentó la participación de las mujeres en la vida política y económica.[3] Sin embargo, de manera simultánea estableció un Estado policial caracterizado por la vigilancia y represión constante a la población. Se prohibió el derecho de huelga, se impuso una férrea censura informativa y se codificó la pena de muerte para los delitos considerados contrarrevolucionarios.

Con estas condiciones y el auge de las Primaveras Árabes, una serie de movimientos en el mundo árabe entre 2010 y 2012 que buscaban democracia y derechos sociales, la rebelión contra el gobierno libio generó diversas manifestaciones violentas que fueron reprimidas por el Estado, desatando una Guerra Civil. El 27 de febrero de 2011, un grupo que encabezó las protestas en contra del gobierno de Gadafi fundó oficialmente el Consejo Nacional de Transición (CNT) en Bengasi, organismo único y legítimo de representación del pueblo y del Estado libio. El CNT generó un movimiento con tanta fuerza que en un mes hizo que Gadafi perdiera el control de la mayoría de las ciudades en Libia, incluyendo a los yacimientos petroleros del país.

Resolución 1973 del Consejo de Seguridad

El gobierno de Gadafi inicia en 1969, pero no es hasta 43 años después que la comunidad internacional ve necesario intervenir en pro del bienestar humano. Por esto es que a principios de 2011, con justificación en la Responsabilidad de Proteger, Francia impulsa enérgicamente la Resolución 1973 en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la cual establece que “se utilizarán todas las medidas necesarias […] para proteger a los civiles y las zonas pobladas por éstos que estén bajo amenaza de ataque” (Consejo de Seguridad de la ONU, 2011).

Posteriormente, ya con la resolución aprobada, por medio de la operación Odyssey Dawn para la ejecución de la Resolución de 1973, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) comienza en marzo de 2011 las intervenciones militares en Libia, las cuales buscaban proteger a la población civil. Sin embargo, en realidad se bombardearon varias ciudades civiles a lo largo de Libia. Además, cabe destacar que dicha operación fue organizada en un foro en París el 19 de marzo de 2011, por lo que se puede notar el meticuloso orquestamiento de la intervención por parte de Francia.

El interés de la intervención francesa se puede explicar en que, a nivel regional, gran parte de África es ex colonia de Francia y el actual ascenso de Libia como potencia regional supuso una amenaza a la influencia francesa en la región. Esto se puede ver especialmente con la propuesta de Gadafi de una moneda Panafricana, la cual amenazaría seriamente al franco de la Comunidad Financiera Africana (CFA), la moneda común de catorce países africanos, casi todos ellos antiguas colonias francesas, y por lo tanto a las finanzas francesas.[4] Entonces, las actitudes e iniciativas de Francia se deben insertar en una estrategia de proyección de poder en la región de Europa y el Mediterráneo. Francia, busca el liderazgo regional para contrarrestar a actores en ascenso como Alemania, y busca posicionarse en la región mediterránea debido a que su situación económica y financiera depende de ella.

La participación de otros Estados, como Estados Unidos, está presente de una manera menos activa y más pragmática, ejemplo de ello son los correos desclasificados de la precandidata presidencial Hillary Clinton,  donde demuestran que la creación de una moneda panafricana basada en las reservas de oro de Libia, suponen una gran amenaza al euro y al dólar; y por esa razón Estados Unidos se ve obligado a intervenir.[5]

Conclusiones

La Responsabilidad de Proteger está claramente enmarcada en los intereses del capital y de las grandes potencias. La Seguridad Humana es, entonces, un concepto que finalmente sirve a las formas actuales de dominación basadas en la acumulación excesiva de capital por medio de recursos estratégicos. Como lo menciona Baños (2017) la guerra es uno de los instrumentos más utilizados para asegurar beneficios; y en este caso, la abundancia del petróleo pone a Libia como un país de gran interés para potencias como Francia y Estados Unidos.

Además, esta doctrina refuerza un discurso paternalista en la cual países pertenecientes al Consejo de Seguridad son los únicos capaces de responder a cualquier cuestión de seguridad, mientras que la mayoría de estas problemáticas son resultado o respuesta directa a las estructuras de poder y dominación que impusieron estos mismos países hegemónicos.

Entonces, surge el cuestionamiento ¿Qué es lo que realmente se protege? En la práctica, como es visto en el caso de Libia, sirve para promover y proteger los intereses nacionales de potencias que históricamente han basado su poderío en el despojo y la violencia hacia diversos territorios y corporalidades.

Referencias:


[1] Seguridad humana es una concepción amplia, integral, multidimensional y multidireccional de la seguridad. Se centra en las personas más que en el Estado y se constituye a partir de las necesidades humanas y de las capacidades que las personas posean para procurarse la mejor vida posible. (Zavaleta, 2015)

[2]  Italia renuncia a sus territorios libios luego de su derrota en la Segunda Guerra Mundial, quedando bajo administración de Francia y el Reino Unido bajo mandato de la ONU entre 1947 y 1951.

[3] Estableció la prohibición de matrimonios de menores de 16 años, e incluso tenía una guardia de mujeres para su defensa personal.

[4] El gobierno francés recauda de sus antiguas colonias 440.000 millones de euros anuales en impuestos.

[5] El gobierno de Gadafi posee 143 toneladas de oro y una cantidad similar en plata.

Riesgos para la seguridad humana en el Triángulo Norte: escenario de múltiples violencias

Ana María Trejo Mejía

The Wenatchee World

Cada día que pasa se acrecientan amenazas que ponen en riesgo la seguridad y la integridad de la vida en su totalidad: el empobrecimiento, hambre, desigualdad, inseguridad y por supuesto la violencia, son solo algunas manifestaciones de las múltiples crisis que azotan con fuerza al mundo entero. Para hacer frente a estos grandes problemas de la humanidad se necesita una acción conjunta entre Estados, asociaciones civiles, Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales, es decir, la comunidad internacional en su totalidad.

La atención a la vulneración de las múltiples dimensiones de la seguridad humana en el marco del PNUD (seguridad económica, alimentaria, en materia de salud, ambiental, personal, de la comunidad y política (Fuentes, 2012)), se ha tornado vital para los países latinoamericanos. La región centroamericana del Triángulo Norte en Centroamérica, es decir El Salvador, Guatemala y Honduras, donde la transgresión a los derechos humanos y la falla sistémica han desatado una ola de desplazamiento alarmante, es la prueba de ello.

Las cifras de refugiados y solicitantes de asilo provenientes de esta región aumenta cada año, se reporta que al menos 597,000 personas se encuentran en esta situación, mismas que huyen de la violencia, la falta de oportunidades de empleo, inseguridad y a la lista se suman los graves efectos negativos que trajo consigo la pandemia por COVID-19, esto sin mencionar que las capacidades de las comunidades de acogida se ven comúnmente rebasadas dado el gran número de personas que solicitan refugio (ACNUR, 2023).

No es una tarea sencilla el comprender las razones que llevan a las y los centroamericanos de estos países a abandonar sus hogares, esto debido a que son múltiples los factores que abonan a esta decisión. Por un lado, respecto de la seguridad económica, se considera vital para el desarrollo personal y colectivo el acceso a alimentos, la vivienda básica, la vestimenta y la higiene, así como gastos relacionados con la educación y la salud (CICR, 2015), sin embargo, se ha registrado que un gran porcentaje de familias centroamericanas no cuentan con los suficientes recursos económicos para cubrir gastos básicos, lo que resulta en un consumo inadecuado de alimentos, un acceso limitado a alojamientos seguros y dignos, además de dificultades para acceder a seguridad social, educación o inclusive a servicios aún más básicos como el agua (ACNUR, 2023).

Ahora bien, otro aspecto a destacar es la violencia que orilla a las personas a huir de sus países de origen. Existen diferentes tipos de violencias que se ejercen dentro y fuera de las fronteras de la región, es de destacar la violencia criminal asociada con grupos delictivos, mismos que engloban a las pandillas como los “maras”, o la violencia vinculada con el Estado mismo, donde la corrupción y la impunidad dentro de las instituciones estatales encargadas de servir justicia coadyuvan a la sensación de inseguridad en el interior de sus fronteras.

Dentro de estas violencias existentes, la violencia criminal al ser uno de los tipos que más se resalta, como ya se mencionó anteriormente, dadas las altas olas de violencia que de ahí derivan, mismas que remiten al uso de fuerza física, psicológica, o moral, resulta en actos que transgreden los marcos jurídicos de los Estados, que generalmente incluyen actos como el homicidio, robo, maltrato, abuso, por mencionar algunos ejemplos (Prado, 2018).

Es en este sentido que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha estimado que los países de las Américas cuentan con una alta tasa de homicidios. El índice de 2017, por ejemplo, arrojó que 173,000 personas en la región habrían sido víctimas de homicidio intencional (UNODC, 2019).  Y habría que analizar el trasfondo del alto número de homicidios en la región, pues uno de los ámbitos cruciales son las dinámicas y redes que se crean dentro del crimen organizado, así como las rutas y movilización de drogas a través de Centroamérica. En Honduras, por ejemplo, se identifica que las redes de narcotráfico están coludidas con altas esferas de gobierno; en Guatemala, se ha observado que altos niveles de corrupción y alianzas de servidores públicos con miembros de organizaciones criminales; en el Salvador, por su parte, cuenta con una gran presencia de grupos pandilleros como MS13 y Barrio 18 (InSight Crime, 2021).

Un punto a considerar dentro de estos índices de violencia, es que no afecta a todas y todos de la misma forma. La situación para las mujeres y niñas dentro de El Salvador, Guatemala y Honduras no es alentadora pues su panorama las orilla a emigrar bajo condiciones de inseguridad, que se exacerban por razón de género, lo que cobra especial relevancia considerando que más del 50% de la población de esta región son mujeres que a su vez desempeñan un papel central en las familias pues son quienes en su mayoría se ocupan del sustento del hogar (WOLA, 2020).

En este panorama de violencia, los jóvenes son otro sector susceptible ya que el empobrecimiento y la inseguridad, los altos índices de criminalidad, las pocas oportunidades de empleo, y el restringido acceso a recursos básicos, hacen que el colaborar dentro de grupos delictivos se vea como una opción viable hacia el mejoramiento del nivel de vida, buscando así “obtener dinero o cierto estilo de vida que les de mayor prestigio social” (Jiménez, 2016).

Mientras que no se formulen y generen soluciones con un enfoque integral que incluya todas las esferas sociales, políticas y económicas, que además engloban el entramado de interrelaciones no solo de los países centroamericanos sino del continente entero donde es crucial identificar cuáles son las raíces de fondo que obligan a las personas a vivir en condiciones de profunda precariedad, en entornos de extrema violencia donde el tejido social se encuentra dañado gravemente, seguirán existiendo fenómenos como la migración y el desplazamiento forzado que terminan por tener un impacto en el continente entero.

Referencias:

La Militarización en la Articulación del Espacio Estratégico Capitalista Global; el Caso De México 2018-2024

Bruno Garduño Guerrero

México Pragmático

Con el objetivo de aportar elementos analíticos al cuestionamiento de por qué la militarización es un rasgo característico en la administración del Estado Mexicano y en el actual sexenio, el presente texto parte de reconocer que existen diversos aspectos que configuran el contexto de militarización en México, sin embargo, se destacan dos estrechamente vinculados.  En primer lugar, la necesidad de la administración actual de acompañar sus proyectos infraestructurales como objetivos políticos, por otra parte, la articulación del espacio estratégico del capitalismo a nivel mundial.

En ese marco, que implica el reordenamiento de la vida social y la reterritorialización del espacio en torno a lo militar, es que la administración federal actual ha depositado en las fuerzas armadas, incluyendo a la marina y al ejército, funciones tales como: administrar puertos y aduanas, poner en marcha el Plan de transporte terrestre de combustible, construir sucursales del Banco del Bienestar, participar en el programa agroforestal Sembrando Vida, así como construir y administrar el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (Centeno, 2022). 

Dichas acciones, están vinculadas con proyectos insignia del gobierno presidido por Andrés Manuel López Obrador y en ese sentido la militarización busca ocupar posiciones espaciales estratégicas con el fin de validar las acciones del gobierno, llegando incluso a desplegarse constantemente en el espacio público para disciplinar. Sin embargo, las nuevas funciones delegadas a la marina y al ejército, tienen principalmente una relación con la construcción de infraestructura -fijos espaciales- y con el desarrollo de estrategias que, a través de la militarización intenta asegurar los flujos de capital; particularmente con la producción de proyectos de desarrollo -desigual- y tácticas de disciplinamiento social.

Así pues, conviene contextualizar la vinculación profunda que hoy existe en México entre el Estado y el capital; que, entre otras cosas, ha resultado en la militarización del espacio para dominar enclaves geoestratégicos y asegurar la reproducción del capital. De ahí que, de acuerdo con López, “la crisis multidimensional que ha experimentado México en las últimas décadas tiene como ejes la profundización del modelo neoliberal y la militarización del conjunto de las relaciones sociales” (2020, p. 125).

En ese sentido, la militarización de la seguridad y el recrudecimiento de las reformas neoliberales se superponen para asegurar los intereses del sujeto hegemónico a nivel mundial y así articular un espacio estratégico capitalista a escala planetaria que le favorezca. Lo cual, se materializa con la acción estatal, que no sólo no genera condiciones de bienestar para la mayoría de la población, sino que además garantiza las condiciones legales y legítimas que profundizan el desarrollo desigual y la producción de una sociabilidad jerárquica.

Se dice que el espacio que se articula es estratégico porque transcurre a través de la ocupación de una serie de posiciones vitales en el mundo para la reproducción del sistema capitalista, y asimismo, porque se nutre de relaciones de poder, se materializa y funciona mediante mecanismos concretos enquistados de forma específica en enclaves geoestratégicos (Herrera, 2012). En ese sentido, los puertos y aduanas, los aeropuertos, así como las fronteras son hoy en México enclaves geoestratégicos en los que, si la estatalidad no se presenta con la fuerza suficiente, la reproducción del capital se entiende en riesgo.

En consecuencia, en palabras de López, “nuestro país ha vivido en los últimos años en un estado de excepción situación que ha servido como contexto del despojo y exterminio de miles de personas, pueblos, comunidades (…) cuyas acciones de resistencia y su existencia misma se anteponen a las necesidades del capitalismo transnacional” (2020, p. 135). 

En efecto, es a través del estado de excepción y la política militarista, que el Estado mexicano ha dispuesto sistemáticamente numerosos elementos militares para efectuar detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, desapariciones forzadas, asesinatos, entre otros actos violentos; como manifestación de una actuación planificada, legítima y normada, en contra de su propia población y en favor del capital. 

Así, el estado de excepción permanente y la guerra como continuación de la política han trasladado los objetivos del ejercicio militar al cuerpo social y es ahora ahí donde se disputa la primacía del proyecto capitalista a nivel mundial. En efecto, es a través del ejercicio de la violencia estatal que se busca asegurar la continuidad de las condiciones de reproducción de capital, ligadas sí a espacios estratégicos, pero también a relaciones sociales estratégicas -en la medida que a través de ella se domina-.

Particularmente, considero necesario relacionar el disciplinamiento social con la producción del espacio, puesto que, como enuncia David Herrera (2012), el proceso de globalización del espacio estratégico capitalista en escala planetaria expandió de forma paralela la dinámica de la guerra permanente y la racionalización de sociedades a una nueva dinámica, se dio a través de mecanismos de disciplinamiento, de procesos de normalización y de institucionalización de la guerra. 

Por lo anterior, habría que cuestionar también en qué sentido otras cuestiones que se articulan en discursos de securitización, en realidad también podrían estar regulados en función del aseguramiento de la articulación del espacio estratégico capitalista global; por ejemplo, la migración o el cambio climático. Puesto que la definición de la seguridad, promovida por el Estado, depende de relaciones de poder que, a partir del discurso ordenan intereses particulares para promoverlos como generales, y se pretende su persecución en beneficio del bien común, aunque en realidad no sea así.

En concreto, dichas relaciones de poder se manifiestan en la estrecha vinculación que se da entre la administración estatal y las corporaciones, pues tanto las corporaciones como el Estado son formas de institucionalización del sujeto capitalista, cuyas acciones se encaminan a garantizar condiciones para la reproducción de una sociedad organizada jerárquicamente. Esto implica que su acción cómplice es consustancial (Ceceña, 2016).

Para finalizar, considero necesario plantear que la crítica a la violencia que implican los procesos de militarización en el mundo y en nuestro país, debe vincularse necesariamente con las estrategias y dispositivos producidos en función de la articulación de un espacio estratégico capitalista global. Pues, de esa forma, es viable comenzar a construir alternativas que verdaderamente transformen la realidad violenta y desigual en todas sus manifestaciones. 

REFERENCIAS:

Ceceña, A. (2016). “La territorialidad de las corporaciones”. En Ceceña A. y Ornelas R. (Coord.). Las corporaciones y la economía-mundo. El capitalismo monopolista y la economía mexicana en retrospectiva. (p. 108-133). Siglo XXI/IIEc/FE/UNAM, pp. 341.

Centeno, R. (17 de noviembre de 2022). “¿Cómo entender la militarización de México en la presidencia de AMLO?” LSE Latin America and Caribbean Centre. Recuperado de: https://blogs.lse.ac.uk/latamcaribbean/2022/11/17/militarizacion-mexico-presidencia-amlo/

Herrera D. (2012). “La política es la continuación de la guerra por otros medios: hegemonía y poder en las relaciones internacionales del siglo XXI”. En Escenarios XXI. (pp. 5-19) Año II, Núm. 13.

s/a. (7 de octubre de 2023). “Sedena blindará la ruta del Tren Maya con tres mil 200 elementos de la Guardia Nacional” Milenio. Recuperado de: https://www.milenio.com/estados/sedena-colocara-mil-elementos-gn-ruta-tren-maya

López, R. (2020). “El estado de excepción y la acumulación por exterminio como fundamentos de las relaciones entre México y Estados Unidos en el periodo 2006-2018″. En Herrera, D. (ed.). Geopolítica, Espacio, poder y resistencias en el siglo XXI. (pp. 125-142). Editorial Trama.

Zibechi R. (8 de julio de 2016). “Acumulación por exterminio” La Jornada. Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/2016/07/08/opinion/019a1pol#

Las Emociones dentro de la Lucha Política Indígena. La Defensa Territorial de lxs Indígenas en Brasil contra la Tesis del “Marco Temporal”.

Luis Felipe Castellanos Gutiérrez

Foto: Amnistía Internacional

“Es el lucro y el interés económico por encima de la vida.

Quién está ganando hoy es quien financía las minerías y los

grandes latifundios. Eso es una página infeliz en

nuestra historia.”

Zenaide Maia, 2023.

Para analizar los problemas contemporáneos de las luchas políticas indígenas, hay que remontarnos a la historia y a las razones de las injusticias sistémicas que llegaron a invadir territorios ocupados por la gente originaria de esos espacios. Desde la llegada de la colonización portuguesa por Gaspar de Lemos en 1503 y hasta los años 1600, la población indígena llegó a ser aniquilada y violentada, reduciendo así en un siglo al 90% de la población originaria (Survival, s/f), no sólo debido a las enfermedades que transportaron los europeos, sino también a partir de la esclavitud y demás violencias coloniales sufridas por los indígenas. En este proceso, el sentido emocional de las comunidades indígenas ha quedado arraigado en todas las violencias que se empezaron a instaurar en la colonización -esclavitud, genocidios, despojos de tierra y aislamiento del mundo moderno capitalista. Pero tales emociones también han jugado un papel clave en el desarrollo de la defensa territorial ancestral, sobre todo desde los 5 distintos aspectos de protesta que nos da Alice Poma y Tommaso Gravante (2015): 1) la participación, 2) la formación de la identidad colectiva, 3) el cambio cultural que viven los sujetos, 4) el empoderamiento, y 5) el trabajo emocional que hacen los sujetos.

Para contextualizar el problema que las comunidades indígenas están viviendo en 2023, hay que remontarnos al primer golpe emocional en materia jurídica a favor de los indígenas: la Constitución de la República Federal de Brasil de 1988, el gran paso para estas comunidades en tanto a la defensa territorial. En la Constitución, el Estado les da el derecho originario a las comunidades originarias sobre todas las tierras tradicionalmente ocupadas por ellas (Constituição do Brasil, 1988), pero, ante la limitada participación de los indígenas en asuntos estatales, el gobierno brasileño ha violentado en muchas ocasiones esta ley, favoreciendo a la reproducción del sistema capitalista e incluso, si se quiere ver así, ayudando a la necropolítica desde el favorecimiento de muertes indígenas para allanar los territorios que le pertenecen a ellos.

En este sentido, las comunidades indígenas como los Awá, Panará, Avá Canoeiro o los Guaraníes empiezan a ver cómo su trabajo emocional ha fracasado en la lucha de sus territorialidades, un trabajo emocional formado desde un sentido de relación identidad-territorio, que ante las injusticias sistémicas y jurídicas se ha visto atacada. Todo esto se entiende también desde un sistema opresor basado en un desarrollo desigual en donde las materialidades del mundo capitalista (Fabián Gonzalez, 2021) tratarán de aprovecharse de esos territorios a partir del despojo de estas comunidades mayormente ubicadas en la amazonía.

En los meses de septiembre y octubre de 2023 se ha retomado una iniciativa en el gobierno brasileño, un proyecto llamado el “Marco Temporal” que propone incluir una enmienda a la Constitución para delimitar las tierras de los pueblos indígenas o por lo menos aquellas ocupadas hasta la promulgación de la Constituição de 1988 (Agência Senado, 2023). De acuerdo con Antonio Soares (2023), esto significaría que aquellas tierras ocupadas por las comunidades indígenas después de 1988 serían ilegales de habitar y quedarían en total control estatal. Si bien el actual presidente de Brasil Lula da Silva no está de acuerdo con el “Marco Temporal” y los conflictos políticos están ocasionando un estancamiento de este proceso, si da Silva decide vetar esta iniciativa y regresa al Congreso, este, estando con mayoría opositora, puede aprobarla de nuevo, haciendo que entre en vigor. La política izquierda brasileña se encuentra entre la espada y la pared.

Ya dicho esto, se entiende que este proyecto es una amenaza para los derechos indígenas, por lo que la participación emocional ya no solo va a recaer en los indígenas, sino también en la población como una colectividad que va a presionar ante esta influencia de sentimiento de traición y aprovechamiento por parte del Estado (Tommaso, 2015) ante la población. Sin olvidar tampoco los megaproyectos dentro del Amazonas que dañan tanto al medio ambiente, como a la vida diaria de las comunidades indígenas.

Como sabemos, el Amazonas históricamente ha sido un espacio importante para la codicia del capital internacional y con ello un espacio vital para la geopolítica. La militarización se ha adherido en este sentido dentro de la Amazonía como la herramienta de excelencia para el control de las poblaciones y de los recursos que se explotan, siendo esta un instrumento de fuerza necesario para la “protección” del Estado. Incluso, distintas autoras como Penido, Kalil & Sousa (2022), adaptan esta geopolítica clásica al Amazonas y la resignifican como el “heartland brasileño”, lo cual puede explicar esta necesidad, desde lo militar, de controlar esta área, en un sentido, de la gran importancia de recursos, pero también, de la baja demografía en esta zona que implicaría una vulnerabilidad nacional en Brasil, una demografía que claramente no le da voz a las poblaciones originarias, lo que finalmente nos dice que la negación de estos pueblos va ligado necesariamente a la militarización de la zona amazónica.

Conclusión

Este análisis se hace bajo una dimensión geopolítica, pero también en un análisis emocional no tan extenso, ya que principalmente se busca entender la resistencia en relación a lo que sienten los sujetos, debido a que las significaciones de las comunidades indígenas no están adheridas a la experiencia moderna capitalista, siendo así que su identidad, sus corporalidades y sus territorialidades no van junto a la lógica coste-beneficio que implica la llegada de actores privados o estatales que buscan solamente el aprovechamiento de estos espacios para un interés económico.

Para Marcos Mondardo (2022), las territorialidades de los pueblos indígenas están vivas de “r-existência” (existir para resistir) contra el gobierno necropolítico del agronegocio u otros intereses corporativos. Esta “r-existência” va a ser el punto de partida de las comunidades indígenas para transmitir el sentir de toda una supervivencia de violencias sistemáticas contra ellxs, con el objetivo jurídico de reformular conceptos constitucionales en la política indígena que les permitiría rescatar sus tradiciones así como el uso exclusivo de sus territorios ancestrales.

Fuentes de Consulta

Agência Senado. (27 de septiembre de 2023). Aprovado no Senado, marco temporal para terras indígenas segue para sanção. Senadonotícias. https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2023/09/27/aprovado-no-senado-marco-temporal-para-terras-indigenas-segue-para-sancao?

Constituição da República Federativa do Brasil [Const]. Capítulo VIII. 5 de Octubre de 1988 (Brasil).

González, F. (2021). Desarrollo Geográfico Desigual: Andamios para un Esquema Comprensivo. En Herrera, D. & González, F. (Coord.) Una Geopolítica Crítica. Debates sobre el Espacio, las Escalas y el Desarrollo Desigual. Fides Ediciones, México, UNAM.

Mondardo, M. (2022). Em defesa dos territórios indígenas no Brasil: direitos, demarcações e retomadas. Geousp: Espaço e Tempo, 26 (1), 1-24. https://www.scielo.br/j/geo/a/Wk7ZQKHky6fZtGMJwgxPjjN/?format=pdf&lang=pt

Penido, A., Kalil, S. & Sousa L. (2022). A defesa da Amazônia e sua militarização. Novos Cadernos NAEA, Vol. 25, N. 1, 103-128. https://periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/article/view/9943/8438

Poma, A. & Gravante, T. (2015). Las emociones en la arena de la lucha política. Incorporando la dimensión emocional al estudio de la protesta y los movimientos sociales. Ciudadanía Activa. Revista especializada en Estudios sobre la Sociedad Civil. núm. 4. México.

Soares, A. (2 de octubre de 2023). El marco temporal de las tierras de los pueblos indígenas en Brasil. Rebelión. https://rebelion.org/el-marco-temporal-de-la-tierras-de-los-pueblos-indigenas-de-brasi

Survival International. (s/f). Los Desheredados: indígenas en Brasil (1ª ed.). https://assets.survivalinternational.org/static/files/books/Desheredados.pdf

La frontera de Melilla: Retos migratorios en la seguridad humana en la actualidad

Viviana Vázquez Álvarez

Javier Bernardo/Los Angeles Times, 2022

“Migrar es, en efecto, perder idioma y casa, es ser definido por otros, ser invisible o peor aún ser el blanco; es experimentar cambios profundos en el alma. Sin embargo, quien migra no sólo se transforma por lo que hace, sino que transforma su mundo. Los migrantes pueden ser mutantes, es de tal hibridación que la novedad emerge.” 

Salman Rushdie (en Reder, 2000:87)

La migración ha sido parte de la naturaleza humana. No obstante, este fenómeno no siempre ha sido de manera voluntaria, pero sí con el fin de mejorar las condiciones de vida de quiénes lo llevan a cabo, ya sea por motivos materiales o sociales (INEGI, 2010). Dentro de la coyuntura global actual, es importante reconocer que la migración ha incrementado por conflictos políticos internos, diferencias religiosas, neocolonización tras el imperialismo, así como por problemáticas ambientales, entre otras. 

Lo anterior responde a la división geopolítica reflejada entre el Norte-Sur, desde una desigualdad en la que los países del Sur Global buscan ingresar al Norte Global para encontrar una mejor vida. Sin embargo, en muchos casos el camino que deben seguir en su trayecto hacia el país destino conlleva una constante violación a sus derechos humanos como el abuso por parte de las autoridades, el crimen organizado, racismo, desapariciones, trata de personas u otras problemáticas que denotan la pesadilla por la esperanza de una vida digna. 

Melilla es una ciudad española que se encuentra al norte de África y que colinda con Marruecos. Esta ciudad es la entrada a Europa Occidental, donde se ubica un sueño que la minoría ha logrado (BBC News Mundo, 2019). Existen tres posibles entradas: ya sea cruzando una valla, escondidos en coche o por mar, aunque es común que la población opte por cruzar el muro (BBC News Mundo, 2019). Este límite está compuesto de tres vallas, una interior de seis metros, una intermedia de tres metros y una última de seis metros nuevamente.  El cruzar esta frontera, no es sólo subir la valla que divide a los países y a dos continentes, sino que, en muchas ocasiones, implica perder la vida intentando atravesarla.

Para la población migrante, aún con este escenario riesgoso, resulta más difícil permanecer dentro de sus países de origen debido al desafío económico, social, político diario al que se enfrentan, así como por las casi nulas oportunidades de una vida digna. De acuerdo con France 24, que rescata estadísticas de una investigación realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en donde se analiza el desarrollo y la migración entre estos dos continentes, “solo el 38 % [de la población migrante africana encuestada] afirmó que ganaba lo suficiente para vivir, un 50 % sentía que no ganaba lo suficiente y solo el 12 % tenía la capacidad de ahorrar” (Ángel, 2019).

Otra de las problemáticas más relevantes de este fenómeno lo conforma la edad de la población migrante, pues ésta ronda entre los 15 a 17 años. La edad es relevante, pues implica una gran cantidad de menores de edad que, además, no están acompañados por un tutor (siendo así menores migrantes no acompañados), lo que lleva a la producción paralela de una condición de vulnerabilidad ante el reconocimiento de sus derechos al intentar o lograr cruzar la frontera de Melilla. 

Por otro lado, al intentar cruzar la frontera más reforzada de toda la Unión Europea, las personas que cruzan suelen tener heridas sumamente graves en zonas vitales, lo que implica una baja probabilidad de sobrevivir o, de hacerlo, que sean atendidos médicamente en condiciones insalubres. Aún con ello, la mejor opción sigue siendo atravesar la valla en busca de encontrar un crecimiento ya sea educativo, económico o sencillamente una mejor vida.. De acuerdo con Statista, el número de inmigrantes irregulares que ingresaron por Melilla en 2016 fue de 3,818 personas, mientras que, para 2019, ingresaron al país 4,984, lo que representó un incremento del 3,4% en tan sólo un año.

Es importante reflexionar de qué forma el reforzamiento e inversión anual en esta frontera implica el no permitir que las naciones del continente africano disfruten de una mejor oportunidad como la que, a través del saqueo y despojo del colonialismo y el neocolonialismo de su territorio, sostienen a las sociedades de buena parte del continente europeo. 

El reforzamiento e inversión en el muro fronterizo ha sido prioridad. Marruecos y España han cooperado a lo largo de las décadas a través de convenios que proponen la regulación de la crisis migratoria, seguridad exterior y protección a los derechos humanos. Sin embargo, no han logrado una solución satisfactoria para esta problemática, ya que existen factores geopolíticos como la disputa del Sáhara occidental que lo impiden,  por mencionar un ejemplo. 

Si bien España ha trabajado en conjunto con Marruecos en décadas anteriores para combatir el fenómeno migratorio, debido al aumento de personas migrantes en España, se han implementado fuertes políticas migratorias, las cuales provocan violaciones en los derechos humanos de las personas migrantes. Entre dichas políticas se acatan medidas severas con golpes, uso de armas de fuego o abusos sexuales que, a pesar del papel que juegan los organismos internacionales para hacer visible la violación a convenios internacionales como en la Convención de Ginebra de 1951, no cuentan con procesos de protección adecuados, debido a la obstaculizacion de España, sobre todo cuando de infancias se trata.

A pesar de ello, como se ha venido recalcando, las personas no arriesgan su vida diariamente sin ningún motivo, muchos de los conflictos que experimentan los países africanos han sido a causa del desgaje del territorio por parte de las potencias europeas. Además, el impedimento para utilizar sus propios recursos naturales, les orilla a morir de hambre, deshidratación y en un ambiente de violencia; porque vivir dignamente es un privilegio y un derecho que les han privado tras años de dominación en el continente. 

Fuentes consultadas:

Ángel, C. R. (2019, 21 octubre). PNUD: 93 % de los migrantes africanos experimentaron riesgos en su camino a Europa. France 24. https://www.france24.com/es/20191021-migrantes-africanos-riesgos-europa-informe-pnud 

BBC News Mundo. (2019, 4 julio). Valla de Melilla: la peligrosa frontera que separa la UE de África [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ntc0kC9lI6A

Brunet, J. M., Brunet, J. M., & Brunet, J. M. (2020, 3 diciembre). El Constitucional ve al Estado “desbordado” por la inmigración irregular y reclama ayuda europea. El País. https://elpais.com/espana/2020-12-03/el-constitucional-ve-al-estado-desbordado-por-la-inmigracion-ilegal-y-reclama-ayuda-europea.html

Perspectivas de seguridad de las migraciones internacionales una propuesta para enfrentarlas. (s. f.). CORE Reader. https://core.ac.uk/reader/267948614

Población. Migracion. (s. f.). https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/migracion.aspx?tema=PStatista. (2023, 5 enero). Entradas de inmigrantes ilegales en Melilla por tierra 2016-2022. https://es.statista.com/estadisticas/1040007/inmigrantes-irregulares-llegados-a-melilla-por-via-terrestre/

La importancia geoestratégica de Siria y el intervencionismo ruso

Luis Daniel Chávez Sambrano

My East-West

Durante la época de la Guerra Fría, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) tuvo un interés muy marcado en Medio Oriente por cuestiones geopolíticas y económicas, haciendo un contrapeso a la presencia de Estados Unidos en la región. En tal contexto, la URSS se encargó de proporcionar asistencia económica, técnica y militar al gobierno sirio, lo que devino en un mayor acercamiento entre la hoy Rusia y Siria. Si bien es verdad que durante los gobiernos de Gorbachov y Yeltsin las relaciones bilaterales entre ambos países se enfriaron, la llegada de Putin al poder significó un (re)acercamiento ruso a Siria y a Medio Oriente, con la intención de recobrar el estatus que tuvo la URSS como potencia mundial.

Aún en un contexto más reciente, la intervención militar rusa se explica desde los intereses geopolíticos y económicos en Medio Oriente. En ello resulta que Vladimir Putin considera imprescindible mantener a flote el gobierno de Bashar al-Asad para lograr garantizar sus intereses en la región (Maya, 2018). La entrada de Rusia al conflicto sirio, por tanto, responde al propósito de mantener y expandir su presencia en la zona.

Comienzo y participación de otros actores en el conflicto sirio

Durante el desarrollo de las “Primaveras Árabes” en países como Túnez, Egipto, Libia, Yemen, entre otros, Siria tuvo un papel notorio, por ejemplo, cuando el 15 de marzo de 2011 se convocó al llamado Día de la Ira que juntó a cientos de personas en Damasco y Alepo buscando reformas económicas, políticas y sociales en favor de la población. Tales movilizaciones se distinguieron por ser locales y fragmentadas (Pinto, 2012); las sublevaciones aparecieron una tras otras y no fueron simultáneas.

Cabe resaltar que dichas protestas fueron de carácter pacífico, sin embargo, el régimen respondió con una solución militar que consistió en detenciones arbitrarias masivas realizadas por los servicios de inteligencia, francotiradores que disparaban a los manifestantes, o matones que se encontraban cerca de las protestas para reprender a quienes se alzaban en contra del gobierno (Álvarez, 2018).

Conforme avanzó la revolución siria, otros actores internacionales entraron al conflicto de manera directa e indirecta, como el Estado Islámico, que rápidamente logró una expansión territorial llegando a controlar hasta 8 provincias de Iraq y Siria; o Arabia Saudí, que brindó financiamiento a algunas facciones rebeldes, a la Coalición Nacional de la Revolución y la Oposición Siria con la finalidad de contener a Irán, uno de los principales aliados de Siria en Medio Oriente que ha apoyado al régimen sirio con la justificación de proteger los santuarios chiíes y así evitar su destrucción (Álvarez, 2018).

Ante el inicio del conflicto en Siria, las preocupaciones en Rusia fueron en aumento debido a la cercanía geográfica a Asia Central y por ser su aliado más estable en el mundo árabe (Abu-Tarbush & Granados, 2018). Con el incremento de poder por parte del Estado Islámico, Rusia justificó su injerencia directa en el conflicto, dando lugar a que su gobierno proclamara su inquietud por la estabilidad siria.

Intervención rusa en Siria

Conforme progresaba el conflicto, grupos armados como el Estado Islámico o el Ejército Libre Sirio se hacían de más y más territorios estratégicos provocando la pérdida de localidades como la provincia costera de Latakia. Por esta razón, en un momento crítico, Bashar al-Asad solicitó formalmente a Rusia intervenir en el conflicto para hacer frente a estas agrupaciones (Oligie, 2019). En consecuencia, el 30 de septiembre de 2015, Vladimir Putin lanzó una ofensiva militar en territorio sirio con la excusa de combatir a grupos terroristas, en ello resultó el lanzamiento de ataques a la infraestructura petrolera de grupos armados que controlaban zonas geoestratégicas (Maya, 2018).

En un primer momento, Estados Unidos mantuvo una postura de no intervención en el conflicto, mientras que Rusia tuvo un papel relevante en el apoyo a Siria mediante la vía diplomática y militar. En su rol de miembro permanente del Consejo de Seguridad, la delegación rusa se encargó de evitar la intrusión de Occidente al territorio sirio.

Un objetivo primordial de la intervención militar en Siria fue la salvación del régimen de Bashar al-Asad que se encontraba en un momento delicado; sumado a ello, había otros intereses como la defensa de la base naval de Tartus -la única base militar rusa en el Mediterráneo- ya que los grupos opositores podían capturar dicha instalación militar. Otro elemento a considerar es que había una angustia por los negocios de armas y contratos con la empresa Soyuz Neft Gas destinados a la explotación de petróleo y gas en la costa siria (Morales, 2017).

Esto afirma el objetivo primordial de Rusia, que radica en preservar una presencia fuerte en Medio Oriente, y el cual se ha logrado debido a que otros países de la región como Arabia Saudita, Qatar o Egipto han fortalecido sus vínculos con Moscú. En consecuencia de la búsqueda de ser una potencia mundial, el gobierno de Putin apunta a tener una mayor injerencia que Estados Unidos en asuntos económicos, políticos y militares.

En una reciente reunión entre Bashar al-Asad y Vladimir Putin, por ejemplo, el presidente sirio mencionó que aprobaría “con agrado” el establecimiento y aumento de tropas en Siria y añadió que estas no fueran temporales pues la “presencia rusa en Siria es algo bueno”; incluso resaltó que “la presencia de fuerzas militares rusas en cualquier país no debe ser temporales” (Al Jazeera, 2023).

Es claro que Rusia ha tenido una participación más activa en los diversos acontecimientos de Medio Oriente, pues sus relaciones con estos países han dado resultados positivos hasta cierto punto. No obstante, no se puede decir que Rusia tiene un completo dominio en la región porque aún hay una muy marcada participación de otros países como Estados Unidos, que siguen teniendo una participación notable en el mismo conflicto sirio o en el caso de Yemen. Será importante analizar la forma en que los rusos buscarán desplazar a sus rivales norteamericanos para así tener un mayor control dentro de la región.

Referencias:

  1. Abu-Tarbush, J., & Granados, J. (2018). La política exterior de Rusia en Oriente Medio: su intervención en Siria. Revista Electrónica de Estudios Internacionales, 35, pp. 1-41. http://www.reei.org/index.php/revista/num35/articulos/politica-exterior-rusia-oriente-medio-su-intervencion-siria.
  2. Al Jazeera. (2023, marzo). Assad welcomes new Russian bases in Syria after Putin meeting. https://www.aljazeera.com/news/2023/3/16/assad-will-welcome-new-russian-military-bases-in-syria.
  3. Álvarez-Ossorio, I (2018). Siria: Fracturas internas e injerencias externas, Temas Contemporáneos de Medio Oriente. Ensayos en honor a Luis Mesa Delmonte (pp. 61-76).
  4. Maya Gómez, M.A (2018). La política exterior rusa hacia Siria en el marco de la sublevación popular (2011-2016), Temas Contemporáneos de Medio Oriente. Ensayos en honor a Luis Mesa Delmonte (pp. 156-168).
  5. Morales Hernández, J (2017, Junio 29). La intervención de Rusia en Siria: balance y escenarios de futuro. https://www.ieee.es/contenido/noticias/2017/06/DIEEEO70-2017.html.
  6. Oligie, C.N. (2019, octubre 28). Why Russia is involved in the Syrian civil War: One issue, many views. CORE. https://core.ac.uk/display/268089795?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1.
  7. Petkova, M. (2020, octubre 1). What has Russia gained from five years of fighting in Syria?. https://www.aljazeera.com/features/2020/10/1/what-has-russia-gained-from-five-years-of-fighting-in-syria.
  8. Pinto, P. (2011). Yallah Irhal ya Bashar: protestas, violencia y fragmentación social en el levantamiento sirio. En Luis Mesa Dalmonte, El pueblo quiere que caiga el régimen (pp. 353-382).

Estragos de la guerra intergeneracional: Revolución de Tishreen en Iraq y la militarización de la protesta social

Mónica Felicia Espinoza García

Mustafa Nader/ The Polítical Room, 2022.

Iraq ha estado envuelto en un panorama acaparado por inestabilidad política, social y económica. Inciden en dicho contexto las intervenciones militares incitadas por múltiples intereses que acechan a la región, causantes de estragos importantes en las estructuras sociopolíticas actuales. En conjunto, estas intervenciones han confinado a la población iraquí a múltiples crisis que deterioran cada día más sus condiciones de vida.

En el curso del presente análisis se intenta retomar lo que Naomi Klein (2014) describió como el capitalismo del desastre, donde el sistema capitalista instrumentaliza la ruina y el caos derivado de situaciones políticas catastróficas -como es el caso de la guerra continua- para la eficiente consecución de intereses económicos y políticos. En seguimiento de las adaptaciones estructurales del poder, se pretende resaltar el poder de réplica de quienes lo objetan, entre ellas la fuerza de las revoluciones iraquíes decididas a negar la prolongación del sistema político, así como las múltiples descargas de violencia a la que se enfrentan por dicha tarea.

Para entender el conflicto: la carencia como constante intergeneracional

Para comprender la indignación expresada por los manifestantes en la revolución de octubre de 2019 (Revolución Tishreen) se consideran una serie de antecedentes históricos. Sobresalen en este sentido tres secuencias bélicas constituidas por el conflicto Iraq-Irán desde 1980, la invasión militar estadounidense emprendida en 2003 y la implantación de las fuerzas del Estado Islámico (ISIS).

El elemento que predomina en tales momentos de relevo generacional es el conflicto bélico, y por consiguiente, la precariedad política, social y humanitaria que lo asiste. Al respecto, la ocupación militar estadounidense destaca en la prolongación de la situación descrita tras desempeñar un papel clave en la arquitectura del sistema político y social que hoy impera en Iraq.

Mediante la imposición del sistema Muhasasa [1] por las fuerzas ocupantes, se materializaron, en el marco de la legalidad, las bases para la estandarización de una conducta política sectaria donde élites de poder compiten por la búsqueda de beneficios políticos-económicos particulares en desatención de las necesidades vitales de la sociedad. Su logro se confinó a habilitar el encuentro y entendimiento entre corporaciones empresariales y gobiernos de distintas geografías con un estrecho grupo de partidos internos, preparando el terreno pos-catastrófico de la guerra para que los intereses capitalistas se desenvolvieran sin problema alguno. [2]

Una muestra de ello se expresa en los primeros años de su funcionamiento, cuando diversas empresas estadounidenses como Halliburton, Flour, Perini y Washington Grupup International adquirieron, en sintonía con los renovados grupos políticos iraquíes, el monopolio de grandes concesiones y licitaciones para la reconstrucción infraestructural y mercantilización de su abundancia petrolera (Townsed, 2004), demostrando la rentabilidad que representa para el capital operar en circunstancias de caos y devastación  (Klein, 2014). El sistema posteriormente fue adquiriendo porosidad y posibilitó la filtración de intereses de otras latitudes en la contienda por el dominio político, donde ahora las facciones partidarias se encuentran  atraídas a incentivos que orquesta el régimen iraní. Se está frente al capitalismo del desastre.

En complemento a lo descrito, la ocupación estadounidense permitió la confluencia de múltiples actores que potencializaron el paisaje de violencia en la sociedad iraquí. La libertad otorgada a sus efectivos -públicos y privados- para aplicar crueles y novedosos métodos de tortura sobre los integrantes del partido Baaz y la sociedad civil, fundó los inicios de la base social que el Estado Islámico instrumentó para asentar el terror generalizado en el territorio. Asimismo, las incidencias se ensamblaron a los objetivos políticos iraníes, confrontados a partir de la Revolución Islámica de 1979 a los intereses estadounidenses por liderar una zona de influencia sobre la región, y que llevarían a cabo con estrategias de financiamiento a grupos militares en distintos países. 

Las voces de la Revolución de Tishreen y las respuestas del poder político

A la par que empresas y grupos políticos se enriquecen, la sociedad civil se consume por los efectos de la guerra continua, la corrupción sistémica [3] y la degradación de sus condiciones socioeconómicas. Para 2019, los iraquíes se enfrentaban a tasas de desempleo del 16.5%, (OIT, 2022), la ausencia de libertades y un régimen político desinteresado en proveerles de los servicios de primera necesidad como el acceso a electricidad, agua potable, salud, empleo, etc.

Este escenario alimentó el movimiento de contestación popular [4] para plantear formas libres y colectivas de protesta,  donde la presencia en las plazas resignificó el espacio público para hacer políticas alternativas y unir demandas colectivas. Las voces en las calles expresaron un mensaje claro: negar la continuidad del sistema político corrupto, sectario y coludido por intereses extraterritoriales.

De manera particular, los manifestantes expresaron un especial disgusto a los atisbos iraníes en la política iraquí. El motivo se enlaza a la agilidad con la que Irán ha logrado extender su zona de influencia en la región mediante el control del sector político y de seguridad de Iraq, financiando a múltiples grupos militantes iraquíes de mayoría chiíta que forman las Fuerzas de Movilización Popular (FMP). 

En suma, el vínculo estrecho entre las élites políticas sectarias y las fuerzas militares plasma la relación existente entre crimen y poder, que en el marco de la Revolución Tishreen se asociaron a través de la militarización de la protesta social para mantener la desigualdad en la que opera el sistema. Desde octubre de 2019 hasta enero de 2020, se informó que más de 600 manifestantes habían sido asesinados por las fuerzas de seguridad iraquí (Amnistía Internacional, 2020).

En este sentido, el problema dista de confinarse a los rostros públicos que ordenan y ejecutan dicha militarización. Retomando las ideas de Moises Garduño, es preciso cuestionar “cuáles son los actores que proveen y hacen posible los recursos para que se materialice dicha militarización” (Garduño, 2016, p. 33). En las revueltas de Tishreen, los gases lacrimógenos de uso militar utilizados por las fuerzas de seguridad tenían registro de procedencia iraní y serbio (Amnistía Internacional, 2020), reafirmando el papel de Irán como proveedor de suministros bélicos para poner fin a las protestas que exigieron una reforma electoral y amenazaron la estructura del lobby político que ha inseminado en el país. Esto, sin desatender las presencias del transnacional consorcio industrial militar.

Reflexiones próximas.

Los esfuerzos de la protesta, han conseguido la dimisión del Primer Ministro iraquí Adel Abdelmahdi, una breve reforma electoral para acabar con el sistema Muhasasa [5] y, en resumen, poner en crisis la dinámica de las esferas de poder. Sin embargo, las demandas del pueblo que ocupó las calles, desde Basora y Bagdad hasta la Región del Kurdistán Iraquí, exigen cambios que superen las dimisiones administrativas y apunten a una renovación profunda del sistema.

Se debe tener sumo cuidado para que este momento de caos, si bien producto del esfuerzo de la sociedad organizada, no vuelva a ser aprovechado por las fuerzas del sistema político-económico para reformular y fortalecer sus condiciones de subsistencia. De ser así, se estaría evidenciando un diseño estratégico “del secuestro de la revolución por el régimen del poder” (Garduño, 2016, p. 148).

En añadidura a las preocupaciones anteriores, cabe hacer mención que el presente año el gobierno iraquí expuso ante el Parlamento dos proyectos de ley que amenazan la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica, acentuando las medidas de vigilancia de las fuerzas de seguridad sobre los críticos al régimen. [6] Así, el sistema político iraquí y la abundancia de actores que lo conforman, diseñan una redada en momentos de crisis que, como expone Garduño (2023), ensambla diferentes mecanismos de violencia y coerción hacia las voces que lo desafía, donde ahora no sólo se busca recurrir a la militarización de la protesta como mecanismo de control, sino que se amplían los dispositivos coercitivos mediante la  criminalización y la vigilancia digital de la disidencia.

[1]Que opera bajo cuotas que deben ser atendidas para, en teoría, asegurar un reparto del poder en la estructura gubernamental a razón de cuestiones identitarias, destacando la participación de suníes, chiítas y kurdos.
[2] Más que el referente a la competencia intercapital.
[3] La medición de tal percepción ubica a Iraq entre los países con mayor percepción de corrupción del sector público, ocupando el lugar 157 de 180 países analizados.
[4] Hilado a las voces de los igualmente indignados de las revoluciones árabes iniciadas en 2011.
[5] En marzo de 2023 la reforma que pretendía una participación más libre y transparente fue absorbida por una contrarreforma que volvió a afianzar la permanencia de élites sectarias en la vida política de Iraq.
[6] Los proyectos de Ley de Libertad de Expresión y Reunión Pacífica; y la Ley de Ciberdelitos.

Referencias: 

Amnistía Internacional. (2020, 23 de enero). Iraq: Protest death tolls surges as security forces resume brutal repression. URL: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/iraq-protest-death-toll-surges-as-security-forces-resume-brutal-repression/

Amnistía Internacional. (2021, 15 de junio). Kurdistan Region of Iraq: Arbitrary Arrest and enforced disappearance of activists and journalists. URL: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/06/kurdistan-region-of-iraq-arbitrary-arrests-and-enforced-disappearance-of-activists-and-journalists-2/

 Amnistía Internacional. (2023, 18 de julio). Irak: dos proyectos de ley amenazan el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. URL: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2023/07/iraq-draft-laws-threaten-rights-to-freedom-of-expression-and-peaceful-assembly/

Egel, D., Trevor J., y Connable, B. (2023). The Future of the Iraqi Popular Mobilization Forces: Lessons from Historical Disarmament, Demobilization, and Reintegration Efforts. RAND Corporation. URL: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA722-1.html.

Townsed, R. (2004, 21 de marzo). Grandes empresas de EEUU acaparan  el negocio de la reconstrucción de Irak., en  El País. URL: https://elpais.com/diario/2004/03/22/internacional/1079910012_850215.html

Garduño, M. (2016). Dinámicas de poder y prácticas de resistencia en las revoluciones árabes. CIESAS.

Garduño, M. (2023). El autoritarismo digital iraní en el caso de Mahsa Gina Aminí: una perspectiva desde el capitalismo de vigilancia. Anaquel de Estudios Árabes, 34(2), 369-392. URL: https://doi.org/10.5209/anqe.85754

Klein, N. (2014). La doctrina del shok. El auge del capitalismo del desastre., Paidos. 

Majed, R. (2021, 10 de junio). Libano e Irak en 2019: Levantamientos revolucionarios contra el “neoliberalismo sectario. Rosa Luxemburgo Stiftung. URL: https://longreads.tni.org/es/libano-e-irak-en-2019

Organización Internacional del Trabajo. (2022, 5 de julio). Irak y la OIT lanzan la primera encuesta nacional de población activa en una década. URL:  https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_850401/lang–es/index.htm

Risen, J., Arango, T., Fasshihi, F., Hussain, M. y Bergman, R. (2019, 19 de noviembre). A Spy Complex Revealed: Leaked Iranian Intelligence Reports Expose Tehran’s Vast Web of Influence in Iraq. The Intercept. URL: https://theintercept.com/2019/11/18/iran-iraq-spy-cables/