Emilio Cruz Lara
En este artículo se analizarán alternativas a la militarización en México, tales como la reforma a la cultura policial, el fortalecimiento del sistema judicial, el enfoque en la prevención del delito, la creación de juzgados especializados y la priorización del delito. Dicho análisis se realizará a través de una investigación bibliográfica, con el fin de explorar cómo dichas estrategias pueden ser más efectivas para mejorar la seguridad del país, sin recurrir a la militarización.
De acuerdo con México Evalúa, la reforma policial es una alternativa a la militarización que se centra en mejorar la capacidad de las fuerzas policiales para prevenir y combatir el delito. Una de las principales críticas a la militarización es que debilita a las instituciones civiles, especialmente a las fuerzas policiales, por lo tanto, invertir en una reforma policial puede ser una alternativa efectiva para mejorar la seguridad en México (México Evalúa, 2021).
Parte de esta reforma se centra en la capacitación y formación de las fuerzas policiales (Fondevila & Meneses, 2017). La iniciativa se enfoca en el mejoramiento de la calidad de los reclutas y el entrenamiento que reciben, así como en el aumento de los salarios percibidos y las condiciones laborales de los oficiales de policía. Además, se espera que esta iniciativa también tenga un impacto positivo en la percepción de la policía por parte de la sociedad, pues se podrían presentar índices de corrupción cada vez más bajos dentro del cuerpo mencionado.
El fortalecimiento del sistema judicial es otra alternativa efectiva a la militarización para mejorar la seguridad en México. La militarización puede llevar a la violación sistemática de derechos humanos[1] y al debilitamiento del sistema judicial. Por lo tanto, invertir en el fortalecimiento del sistema judicial es una alternativa viable para el fortalecimiento de la seguridad en México.
Uno de los cambios más significativos relacionados con este aspecto es la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, establecido en 2008. Este sistema busca garantizar los derechos de las personas involucradas en un proceso penal, así como mejorar la eficacia del sistema judicial (Galindo & Ramírez, 2016). De igual manera, se espera que el sistema de justicia penal acusatorio registre un impacto positivo en la percepción de la sociedad.
Otra iniciativa de fortalecimiento del sistema judicial en México es la creación de juzgados especializados en delitos graves (De la Rosa & López 2019). Estos juzgados tienen como objetivo mejorar la capacidad del sistema judicial para investigar y procesar delitos graves, como el narcotráfico y el crimen organizado. Estos clasificarían los delitos con base al nivel de gravedad para la sociedad al momento de la persecución y el seguimiento (México Evalúa, 2021). En este caso, también hay un incentivo de mejoramiento en la percepción social y en la eficacia del sistema judicial en general.
El enfoque en la prevención del delito complementa las alternativas a la militarización. Como lo señala Pérez, “la militarización se enfoca en la respuesta al delito, pero no necesariamente en su prevención. […] Este enfoque se centra en prevenir el delito a través de [la educación y la cultura], ya que una sociedad educada y culturalmente activa es menos propensa a cometer delitos” (Pérez. C, 2007).
De acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, la creación de programas de desarrollo social es otra propuesta de cara al mejoramiento de la seguridad (AMLO, 2018). La creación de programas de desarrollo social es otra propuesta de cara al mejoramiento de la seguridad. Estos programas buscan abordar las causas subyacentes del delito, como la pobreza y la exclusión social. A través de la inversión en programas de desarrollo social se espera que se reduzca la incidencia de delitos en las comunidades más vulnerables de México.
Ante un panorama de iniciativas como el descrito, se puede concluir que la militarización no es la única forma de abordar los desafíos de seguridad en México. Existen alternativas efectivas como la reforma policial, el fortalecimiento del sistema judicial y el enfoque en la prevención del delito que pueden ser implementadas para mejorar la seguridad sin violación sistemática de los derechos humanos, como comúnmente sucede con la presencia militar.
Estas alternativas deben ser implementadas con un enfoque integral y colaborativo que involucre a la sociedad civil y a las autoridades estatales y federales. Además, es necesario establecer un sistema de evaluación y monitoreo para asegurar que estas iniciativas sean efectivas y sostenibles a largo plazo. Este sistema de evaluación es fundamental, “ya que, sin una evaluación constante, todo avance puede reducirse o eliminarse y puede dar espacio a que se creen condiciones de abandono por parte del Estado y una pérdida de legitimidad en las comunidades abandonadas” (Barreto Rozo & Madrazo Lajous, 2015, p. 189).
Es importante destacar que la implementación de estas alternativas no será un proceso fácil ni rápido, pero es fundamental si se desea garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad mexicana. Por lo tanto, es necesario seguir explorando nuevas estrategias y soluciones para abordar los desafíos de seguridad y garantizar que el Estado mexicano cumpla con su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos.
[1] Una muestra de ello es que en el periodo de 2019 a 2021 la Comisión de los Derechos Humanos informó un total de 1654 quejas de posibles violaciones de Derechos Humanos cometidas por instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.
Bibliografía
- Barreto Rozo, A. & Madrazo Lajous, A., (2015). Los costos constitucionales de la guerra contra las drogas: dos estudios de caso de las transformaciones de las comunidades políticas en Latinoamérica, 43, ISONOMÍA, pp. 151-193
- De La República, P. (s. f.). Discurso de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados. . . gob.mx. https://www.gob.mx/presidencia/articulos/discurso-de-andres-manuel-lopez-obrador-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos?idiom=es
- De la Rosa, C. & López M. (2019) La Justicia desordenada, Nexos.
- Galindo, C. & Ramírez, S. (2016). Reforma a la justicia penal, del silencio de los expedientes a los juicios orales y públicos.
- Magaloni, B; Magaloni, A; y, Razu, Z., (2018). “La tortura como método de investigación criminal.” Política y Gobierno, Segundo semestre 2018, Vol. XXV, Num. 2, pp. 232-255. Consultado https://drive.google.com/file/d/1GUr7TyQ0hXwkHuEMbAPTUVnIANSmlneV/view?fbclid=IwAR0X7wsqXgK372OI-HZ1bkQ9qcCgsX1f8wqkRgN8S5Ih7NSIH1USNb69Mu0
- México Evalúa, (2021). “Hacia una persecución penal estratégica”. Informe N.1, National Endowment for Democracy, pp. 25. Consultado https://drive.google.com/file/d/1nEby-GvzSouysptOBxnumodVkXbR_toA/view?fbclid=IwAR3q8AZy3UpWIR2TAOS605PfwuRCptDMZxb_QMGKrPJTNJasn1wlr8EJYZE
- Perez, C. (2015). “Las Mujeres invisibles: los costos de la prisión y los efectos indirectos en las mujeres”. Mark Lipesy and Francis Cullen. (2007). The effectiveness of correctional rehabilitación. Anual Review of law and Social Science, 3, pp. 297-320.